Vitoria. La pasada semana, la parlamentaria del PP Mari Mar Blanco y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvieron un agrio enfrentamiento en el Parlamento a cuenta de la paralización del Mapa de la Memoria impulsado por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, una iniciativa que pasa por la realización de un homenaje y la colocación de un monolito en aquellos municipios en los que se haya producido algún asesinato a manos de ETA o de cualquier otro grupo terrorista.

Un informe del Ararteko en el que se constata que en 2011 ninguna localidad se había adherido a la iniciativa, y en el que Iñigo Lamarca emplazaba a Interior a involucrarse más en la tarea de completar el mapa, trajo a primera línea de actualidad un proyecto que desde su puesta en marcha, en 2009, se ha movido en el ámbito de la discreción y que, como asegura el PP, carece de impulso de un tiempo a esta parte.

Sin embargo, más allá de la mayor o menor voluntad que pueda poner la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, el Mapa de la Memoria está paralizado porque ha colisionado frontalmente con la realidad, y para comprobarlo, es necesario acudir a los fríos datos.

En la Comunidad Autónoma Vasca hay 88 municipios en los que se han producido asesinatos a manos de grupos terroristas. En 31 ya se han llevado a cabo homenajes -incluidos Legorreta y Ermua, donde no se han producido asesinatos terroristas-, luego restan por colocar el monolito otros 59. De ellos, tras las elecciones municipales de 2011, en 38 gobierna Bildu, y como señaló Ares en el Parlamento, la última palabra sobre el acto de homenaje la tienen las corporaciones municipales, que han de aprobar una moción de repulsa de la violencia política.

La coalición de Alternatiba y EA con la izquierda abertzale no muestra sintonía, al menos de momento, con un proyecto que está directamente relacionado con lo que tras la desaparición de la violencia es el núcleo de la normalización en Euskadi: el consenso en cuanto a la definición y resarcimiento a las víctimas. Por ello, a día de hoy es imposible que Bildu y PSE -a pesar de que ya no tiene al PP marcándole líneas rojas a cambio de su apoyo- trabajen al alimón en este terreno, tanto o más que en el ámbito de los presos de ETA.

Así pues, el Gobierno Vasco sólo tiene margen real para trabajar con 19 municipios, y en algunos de ellos, como el de Amurrio o el de Sestao, gobernados por el PNV, las propias víctimas han rechazado que se realice la ofrenda floral y la colocación del monolito. La mayoría de estos ayuntamientos que restan por incorporarse al Mapa de la Memoria están gobernados por los jeltzales -sólo hay tres gobernados por independientes- están principalmente en Bizkaia, y con excepciones como Mungia, Hondarribia, Amorebieta o Trapagaran, tienen menos de 10.000 habitantes.

Este aspecto, el del tamaño de los municipios adheridos al Mapa de la Memoria es el que hace que, aunque sólo 31 ayuntamientos se hayan incorporado a la iniciativa, casi el 70% de las víctimas mortales de atentados terroristas ocurridos en Euskadi -421 de 614- hayan sido homenajeadas por los ayuntamientos donde se produjeron los atentados. Esa misma cuestión cuestión demográfica es la que hace que de 1,9 millones de vascos empadronados en localidades donde se han producido atentados mortales, 1,48 millones estén gobernados por consistorios que han rendido tributo a las víctimas. "Comprobamos que el porcentaje de ciudadanos vascos que residen en localidades que han honrado la memoria de las víctimas es muy alto", señala al respecto el informe del Ararteko, que no obstante anima a la Dirección de Víctimas a que continúe en 2012 la "labor de dinamización de las iniciativas el Mapa de la Memoria".