Lo llevaban en el programa electoral con el que dieron la campanada en las últimas elecciones generales, y ahora consideran que ha llegado el momento de tratar de poner al Estado español frente al espejo de su talante democrático. La hora de retomar el viejo debate tantas veces cerrado en falso sobre el derecho de autodeterminación de las naciones que lo integran. El que plantea dejar la última palabra en manos de los ciudadanos sin paternalismos y demostrando así que España es ya "una democracia madura".
Así lo entienden al menos Amaiur y ERC, que hoy se darán la mano en el Congreso de los Diputados para presentar públicamente un grupo de trabajo desde el que tratarán de avanzar en este debate hasta alumbrar una Proposición de Ley que dé cauce formal a esta "aspiración democrática". Y si no es posible -el rodillo del PP y la actual postura del conjunto del PSOE reduce el margen real de éxito de esta empresa-, al menos sirva para avivar esta llama revelando la necesidad de explorar otros caminos que superen la cerrazón tras la que pueden volver a enrocarse las fuerzas vivas del Estado.
UNIR FUERZAS A la defensa de esta reivindicación están invitados "todos aquellos que crean en el derecho de los pueblos a decidir su futuro", aseguran sus promotores, que en seguida subrayan un matiz importante. "No se trata tanto de una iniciativa por la independencia, como en defensa de un derecho puramente democrático: el que reconoce que los ciudadanos son capaces de decidir su futuro y establece cómo, siguiendo qué modelo, se puede hacer realmente efectivo".
Por el momento ya han celebrado contactos exploratorios con formaciones que pueden moverse en esta linea como PNV y CiU, pero también esperan poder contar con la participación de otras como Nafarroa Bai, ICV o Compromis que pueden compartir esta linea desde sus respectivos programas. Y, como primer embrión de este debate, ya cuentan con un borrador que resume sus intenciones al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
"DEMOCRACIAS MADURAS" Este primer acercamiento a la cuestión refleja una inequívoca voluntad conciliadora por parte de unos promotores que se esfuerzan por convertir la tradicional inquina ante el no en un canto a las potencialidades del sí. "Esta proposición pretende situar al Estado español a la altura de las democracias más maduras"; "a la vanguardia del respeto a los derechos democráticos", subrayan, animando eso sí a aceptar esta mano tendida para "remediar un déficit democrático que viene socavando recientemente la legitimidad de las instituciones ante la propia ciudadanía", dicen pensando en el Plan Ibarretxe o el Estatut de Catalunya.
A tal fin, plantean un proyecto que define el ejercicio del derecho a decidir, regula la convocatoria de referendos y plantea la forma de abordar una "transición a la independencia" -siempre en caso de que así lo decidieran los ciudadanos-, de forma "progresiva y no traumática".
Y para reforzar sus tesis, recurren a un escenario internacional que, tanto en lo jurídico como en lo político, entienden que hoy les ampara. "Es un momento interesante. No hay más que mirar a Escocia", donde el Gobierno británico ha autorizado la consulta, o al caso de Kosovo que ha abierto la puerta a la toma de decisiones unilaterales en escenarios democráticos no contaminados por la violencia, dicen, recordando cómo esta misma semana un 51% de los catalanes se han mostrado abiertamente partidarios de la independencia.
En todo este camino jugarán su papel, además de una crisis que anima a redefinir los ámbitos de decisión, los sempiternos tempos políticos. Especialmente en Euskadi, donde estarán marcados por unas elecciones que pueden alumbrar una nueva configuración de fuerzas desde la que impulsar el debate en representación directa de la voluntad ciudadana, y donde se debe acabar de consolidar el escenario post ETA.
"Primero buscaremos seguir el curso legal sin dramatismos, pero si éste no ofrece salidas, será el momento de buscar otras vías", concluyen.