Vitoria. ETA recibió ayer el golpe más duro desde que anunciara el 20 de octubre del año pasado el cese definitivo de su actividad, con la detención en el Estado francés de su actual jefe militar y de captación, Oroitz Gurrutxaga Gogorza, y de uno de sus lugartenientes, Xabier Aranburu Sagarminaga. Fuentes del Ministerio del Interior no dudaron en calificar esta operación antiterrorista, la primera tras la llegada de François Hollande a la presidencia del Ejecutivo francés, como la más importante de los últimos seis meses.

Los arrestos se produjeron en torno a las 15.30 horas en Cauna, en el suroeste de Francia y con unos 400 habitantes. Según Interior, los dos miembros de la banda -Gurrutxaga anunció su incorporación a las filas de ETA en un artículo publicado hace tres años en Gara- se habían trasladado a ese lugar para intentar tener citas de captación de nuevos miembros de la organización. En el momento de la detención, Gurrutxaga y Aranburu, que estaban armados con una pistola y un revólver, transitaban por una de las calles de la localidad próxima a Mont de Marsan, capital del departamento de las Landas en la región de Aquitania, en un coche robado y con matrícula falsa.

Estas detenciones fueron resultado de una investigación realizada de manera conjunta por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y por la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial francesa (SDAT) y la Comisaría General de Información de la Policía española. Tras ser detenidos, la Policía francesa los trasladó a la comisaría de Baiona, ubicada a 90 kilómetros de Cauna, donde permanecían arrestados al cierre de esta edición.

El último golpe contra la cúpula del aparato militar de ETA tuvo lugar hace más de un año, con José Luis Rodríguez Zapatero aún en La Moncloa, cuando el 10 de marzo de 2011 fueron detenidos en una localidad francesa fronteriza con Bélgica los entonces responsables de esta estructura, Alejandro Zobaran, Xarla, y Mikel Oroz, Peru.

Desde entonces, David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Leska eran los supuestos miembros del grupo armado a los que se les atribuía un grado de mayor diligencia en la banda, y los presuntos autores de los últimos y más relevantes comunicados de la organización. Las dos últimas detenciones habían tenido lugar el pasado mes de marzo, con los arrestos en el Estado francés de José Manuel Azkarate Ramos, Manu, e Ibai Peña, de la organización ilegalizada Segi, el día 27 de ese mismo mes.

Apoyo galo El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, afirmó en una entrevista concedida este mes a Europa Press de que ETA cuenta todavía con infraestructura en el sur de Francia. Según él, sus integrantes "no pierden el tiempo" cambiando de coche cada 15 días y transmitiendo mensajes e incorporando nuevos militantes.

Agregaba que aún hay activistas que cruzan la frontera con el país galo para incorporarse a las filas de la banda, pero se negó a dar datos al respecto o a hacer estimaciones "porque no se puede revelar". Sin embargo explicó que "hay un seguimiento constante" por parte de las Fuerzas de Seguridad, que "controlan, lógicamente, lo que es el paso de un lado a otro".

El pasado día 18, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo su primer encuentro con su homólogo en el nuevo Ejecutivo francés, Manuel Valls. De origen español, Valls aseguró que "la posición del Gobierno español es también la del Gobierno francés", mostrando así un apoyo firme a la política en materia antiterrorista del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La izquierda abertzale enmarcó la operación policial en las "estériles medidas represivas de siempre". En un comunicado, expresó su "solidaridad" con los detenidos y sus allegados y llamó a participar en las movilizaciones que se organicen para denunciar los arrestos. Recordó que la doble detención se llevó a cabo dos semanas después de que ETA mostrase su disposición a abrir un diálogo directo con los gobiernos español y francés, e incluso nombró una delegación con este fin. Reiteró a Madrid y París, sobre todo al nuevo presidente galo, que es "mayoritaria" la demanda social que solicita que "se conviertan en agentes proactivos por la paz y las soluciones democráticas".