GASTEIZ. La ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco está a la espera de recibir las aportaciones que hagan por escrito partidos, instituciones y otras entidades sobre qué medidas políticas, educativas o penitenciarias poner en marcha para lograr la reconciliación social en Euskadi.
Dado en la cita de hoy no se han producido grandes avances, el foco de atención informativo ha estado centrado en la presencia en esta ponencia de Aintzane Ezenarro, expulsada de Aralar junto a los parlamentarios Oxel Erostarbe y Mikel Basabe precisamente por haber defendido su creación sin garantizar que en ella pueda participar de forma permanente la izquierda abertzale, como exigía su partido.
Precisamente ayer la dirección de Aralar confirmó que daba la baja a estos tres parlamentarios -el cuarto, Dani Maeztu, fue el único que siguió la disciplina del partido- y les pidió que pusieran sus cargos y la portavocía en el Parlamento Vasco a disposición de Aralar.
Ezenarro no ha querido pronunciarse sin embargo sobre su expulsión ni sobre si mantendrán o no sus cargos en la Cámara ni si obligarán a Dani Maeztu a pasar al Grupo Mixto.
En la reunión de hoy, los miembros de la ponencia han repasado las cuestiones recogidas en el documento que la semana pasada se remitió a los grupos políticos, instituciones y asociaciones para que hicieran aportaciones por escrito centradas en el "proceso de humanización y reconciliación" de la sociedad vasca tras el fin de la actividad terrorista de ETA, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de mayo.
Además han acordado estudiar la semana que viene las propuestas de comparecencias de expertos en este foro, entre las que ya se ha admitido a trámite la del comisionado del lehendakari para la convivencia y la memoria, Jesús Loza.
El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Antonio Damborenea, ya advirtió no obstante el pasado 23 de abril de que el PP se opondría a que en la ponencia participasen quienes no condenan la violencia, en referencia a Bildu, que gobierna en las principales instituciones de Gipuzkoa.
La participación de Bildu es sin embargo una incógnita porque representantes de esta coalición ya dijeron que se iban a negar a participar en un foro en el que no pudieran estar presentes en igualdad de condiciones al resto.
Según el escrito remitido por la Cámara a los posibles participantes, sus aportaciones deben centrarse en establecer los principios de una paz justa con memoria para que la violencia no se vuelva a repetir.
Por ello, deberán detallar, en primer lugar, políticas para lograr una memoria compartido y los criterios para articular una reflexión crítica del pasado.
En segundo término, se les ha pedido que sugieran medidas para impulsar una nueva cultura de convivencia y reconciliación, que pondrían en marcha las instituciones vascas y, en especial los ayuntamientos.
También se les ha reclamado su opinión sobre los "principios en torno a los cuales debería articularse la política penitenciaria" y cuáles serían a su juicio las "medidas más adecuadas en la nueva coyuntura".
Respecto al futuro, se reclama aportaciones sobre la función que puede tener la sociedad civil para "crear una conciencia ética preventiva de cualquier forma de violencia o vulneración de derechos humanos" y qué objetivos y proyectos prioritarios se deben fijar en el ámbito educativo para consolidar una educación para la convivencia.
