Vitoria. "La vinculación que he podido tener con D3M es la misma que las 43.000 personas de Euskal Herria que firmaron el aval para que la plataforma pudiera presentarse a las elecciones". Con estas palabras declaró ante el tribunal de la Audiencia Nacional uno de los trece candidatos de D3M y Askatasuna que están siendo juzgados por supuestos delitos de pertenencia o colaboración con banda armada. Ayer se celebró la primera jornada del juicio en la que, uno por uno y a preguntas de las defensas, todos ellos fueron negando cualquier tipo de vinculación con ETA o haber seguido instrucciones de Batasuna.

El juicio contra estas dos plataformas electorales que intentaron presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Vasco, aunque fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo, llega cuando aún está pendiente la sentencia del Supremo sobre el caso Bateragune -al parecer muy próxima y en el que están concernidos nombres tan destacados de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi o Rafa Diez Usabiaga- y la del Constitucional sobre Sortu.

La primera en declarar fue Amparo Lasheras, periodista que fuera cabeza de la lista de D3M por Álava, quien insistió en que su decisión de tomar parte en esta iniciativa nada tuvo que ver con ETA o con Batasuna, sino simplemente con "el ejercicio de un derecho como la participación política". De hecho, recordó que como integrante de la agrupación de electores participó en ruedas de prensa y actos públicos, al igual que otros imputados. Así, Agurtzane Solaberrieta constató que al ser responsable de prensa de ANV se encargó de organizar dos ruedas de prensa para D3M porque era un proyecto "en el que tenía que aportar mi grano de arena".

Algunos de ellos limitaron su implicación con las dos marcas electorales al apoyo prestado con su aval en las notarías. Por ejemplo, Arantza Urkaregi relató que fue concejal de Euskal Herritarrok en Bilbao y que no formó parte de la candidatura de D3M porque "a los dos o tres días" de firmar el aval la detuvieron y ya no pudo integrar la plataforma.

Comenzaron también a declarar los testigos. Empezaron los policías que hicieron seguimientos a las candidaturas y admitieron que vigilaban la actividad política de organizaciones como Herria Aurrera, que sigue siendo legal.