La Ley Municipal no va a solucionar todos nuestros conflictos y no vamos a estar cargados de problemas por no tenerla". Con estas palabras, pronunciadas el pasado 20 de septiembre por Ibone Bengoetxea nada más ser nombrada nueva presidenta de Eudel, el proyecto estrella del Gobierno de Patxi López quedó definitivamente enterrado. La nueva presidencia de la Asociación de Municipios Vascos seguía siendo del PNV, pero ahora la Ley Municipal ya no era el caballo de batalla que dirigió la legislatura de Jokin Bildarratz, y con ese giro de 180 grados el PSE se quedó absolutamente solo menos de un mes después de registrar su anteproyecto en el Parlamento.

Al día siguiente de aprobarse el texto, la Diputación de Bizkaia (PNV) denunciaba ante la Comisión Arbitral que éste vulneraba sus competencias, y al poco se le sumaban los populares del palacio foral alavés. El pasado jueves, el órgano que dirime los conflictos entre instituciones vascas rechazó los recursos de las diputaciones, pero el fallo puede acabar siendo una victoria únicamente simbólica para un lehendakari, Patxi López, que había hecho de la aprobación de la Ley Municipal uno de sus objetivos más publicitados de la legislatura y que, salvo sorpresa mayúscula, concurrirá a la reelección con su proyecto estrella atascado en el Parlamento.

Los socialistas plantean un modelo que otorgue suficiencia financiera a los ayuntamientos, que ponga negro sobre blanco cuáles son sus competencias y cuánto cuestan, pero además les concede una pequeña cuota de decisión en esa asignación económica, hasta ahora patrimonio exclusivo de las diputaciones. El PSE quiere que el 50% de los fondos para los ayuntamientos se distribuya en el Consejo Vasco de Finanzas, donde las haciendas forales deben consensuar sus medidas con el Gobierno Vasco ante la atenta mirada de la propia Eudel.

En el meollo de un problema atascado desde hace más de treinta años no sólo se encuentra la muy relevante potestad de distribuir las recaudaciones de las diputaciones, sino el propio papel que éstas desempeñan en Euskadi. En el trasfondo está también el singular poder que desempeñan unos territorios sin capacidad para aprobar leyes, pero que cobran los impuestos en Euskadi y hacen de contrapeso al poder autonómico, una situación sin parangón en toda Europa al margen de Navarra, y no por casualidad.

La división administrativa vasca deriva de la administración foral heredada del Antiguo Régimen, que sobrevivió a tres guerras carlistas, a una guerra civil y a una dictadura de cuarenta años, y que se reinventó a sí misma para adaptarse al Estado de las Autonomías. PP y PNV son las fuerzas que defienden a capa y espada el régimen foral frente al resto de partidos, que apuestan por una especie de centralismo dentro de la propia CAV -o de Euskal Herria, en el caso de la izquierda abertzale o EA-. El equilibrio entre las ideologías que defienden una u otra postura explica el hecho de que desde la aprobación de la Ley de Territorios Históricos se haya instalado un statu quo inédito en el resto del Estado, donde no hay autonomía que no tenga su Ley Municipal.

Ahora, a la discusión se ha incorporado una nueva derivada, la gravísima crisis económica que ha dejado las arcas municipales sin un euro y con importantísimas deudas con las propias diputaciones. Durante el debate parlamentario sobre las duplicidades, las autoridades locales de Bilbao (PNV), Donostia (Bildu) y Gasteiz (PP) coincidieron en su reclamación. Los ayuntamientos ponen la cara a la hora de negar servicios y subvenciones a los ciudadanos, asumen competencias que no son suyas y en muchos casos las pagan, y además se encuentran amarrados por la deuda a unas instituciones forales de las que depende, en cada ejercicio económico, el que el municipio tenga más o menos fondos con los que funcionar.

Viene a complicar la situación el hecho de que, aunque hay un frente político foral y otro más centralista, el ámbito de discusión es interinstitucional y por tanto, y más desde que las municipales convirtieron el mapa político vasco en un heterogéneo puzzle de poderes, ajeno en cierta forma a las siglas. La salida de Eudel de Bildarratz ha desequilibrado un tanto la balanza en favor de los foralistas, por cuanto el exalcalde de Tolosa era en cierta forma un quintacolumnista en el PNV, y por otro lado el fallo de la Comisión Arbitral del jueves carga de argumentos al Gobierno, ya sin apenas margen de maniobra a estas alturas de la legislatura.

El debate está ahí, surge periódicamente, pero las mayorías parlamentarias existentes impiden desbloquear la situación. incluso el propio Gobierno de Juan José Ibarretxe, del PNV, vio frustrado su intento de aprobar una Ley Municipal después de que también Álava y Bizkaia, territorios gobernados por su propio partido, denunciaran una invasión de competencias.

Aquella iba a ser la legislatura de la Ley Municipal, al igual que la que está a punto de expirar. ¿Qué ocurrirá en la siguiente? Depende. El PNV no parece estar, a día de hoy, muy por la labor de sacar adelante la Ley, y el PSE probablemente haya aprendido que sin amarrar apoyos parlamentarios suficientes meterse en ese tipo de jardines sólo puede perjudicarle. Las alianzas que pacten los cuatro grandes y prácticamente únicos contendientes que se enfrentarán en las urnas tras las próximas autonómicas darán la primera pista sobre el futuro de una cuestión empantanada desde el mismo inicio del actual régimen político en Euskadi.