Vitoria. Las víctimas y el terrorismo fueron los principales puntos de unión que PSE y PP argumentaron al principio de la legislatura y son estos mismos elementos los que dilatan, a menos de un año para las elecciones, la brecha entre ambas formaciones. El último encontronazo divide a Gobierno Vasco y populares a la hora de determinar si las arcas autonómicas deben paliar los "daños personales" que este colectivo haya sufrido.

El Gabinete López se opuso ayer a la proposición de ley mediante la que el PP quiere que Euskadi se sume a las cinco comunidades españolas que sí costean estos gastos. La respuesta, por boca de la portavoz, Idoia Mendia, remite a los demandantes a la Administración central, donde la reciente modificación de la normativa competente recoge un incremento de estas ayudas, aunque su ejecución aún esta pendiente del desarrollo reglamentario.

La otra vía sería modificar la ley vasca, aprobada en 2008, pero el Gobierno Vasco no está por la labor. Y es que, según apuntó Mendia, aplicar esta fórmula supondría "ahondar" en la discriminación entre las diferentes regiones estatales. No obstante, en su respuesta tras la reunión del Consejo de Gobierno, la dirigente socialista matizó que si alguna víctima se encuentra en una "situación de necesidad", ya sea de carácter económico o de otra índole, puede acudir a la Oficina de Atención del Ejecutivo para ser atendida.

La lectura desde la bancada popular es totalmente opuesta. A pesar de no querer valorar las palabras de Mendia, fuentes de este partido a las que tuvo acceso DNA recordaron que el objetivo de su iniciativa es, paradójicamente, "acabar con la discriminación" que entienden existe desde el momento que otras comunidades -Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón y Murcia- sí ofrecen estas ayudas.

Estas mismas fuentes destacaron que a pesar de la oposición del Gobierno Vasco a la proposición de ley, el PP continuará con la tramitación de la iniciativa para que sea debatida en el Parlamento autonómico.

Cuando llegue ese momento, los populares contarán con el respaldo del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, a tenor de la nota que desde este partido se hizo pública ayer. En el comunicado, sitúa el origen de la demanda en una reivindicación de la asociación de víctimas Covite, la que cuenta con mayor número de socios en Euskadi.

También recuerda UPyD la petición cursada por Maneiro para que representantes de esta agrupación comparezcan y expliquen en la Cámara vasca las razones que les llevan a solicitar los cambios en la Ley de Víctimas.