Vitoria. En su intento por marcar perfil de izquierda y contener la vía de agua por la que se le escapan los votos a un socialismo ahora en fase de reconstrucción, el Gobierno Vasco ha abierto un frente de batalla con el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy. La portavoz del Gabinete de Patxi López, Idoia Mendia, anunció ayer que Euskadi presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 31/12 de los populares, el que establece duros recortes para los funcionarios de todos los niveles administrativos del Estado. El texto legal obliga a las comunidades autónomas a dejar de depositar parte de la masa salarial de los trabajadores públicos en planes de pensiones como Itzarri, el que gestiona los ahorros del funcionariado vasco.
El Gobierno Vasco, dijo Mendia, acatará la orden del Ejecutivo central, pero se revuelve y la combatirá en los tribunales, fiel a la premisa de atenerse a la legalidad que defendió cuando accedió a Ajuria Enea como reacción a la unilateralidad y política de hechos consumados que socialistas y populares achacaban al nacionalismo vasco en general.
La razón que esgrimirán los abogados del Gobierno ante el Constitucional será la invasión de competencias en la que a su juicio incurre Rajoy imponiendo su política de ahorro a Euskadi, comunidad que ya en 2010 bajó un punto y medio la aportación del 3% de la masa salarial de los 67.000 funcionarios vascos que cada año hacía a Itzarri. Se hizo así para cumplir con las obligaciones que Europa le impuso a Zapatero, la de rebajar un 5% el sueldo a los funcionarios, un tijeretazo que en este caso se hizo notar menos en los bolsillos de los trabajadores públicos vascos a cambio de mermar sus ahorros en un fondo que al fin y al cabo no deja de ser un plan de pensiones privado. El año pasado se destinaron 53 millones de euros del sueldo de los funcionarios a Itzarri.
La nueva orden de Madrid llega, sin embargo, con el PP en el Gobierno. El cambio de fase en Euskadi tras el 20-N aparece así cada vez más nítido en el horizonte, y gestos como el de ayer de los socialistas, más la actitud de un PP vasco que ha pasado de poner pequeños palos en las ruedas a López cada vez que le juraba lealtad, para marcar distancias, a atacar abiertamente al "desnortado" y "nervioso" lehendakari, auguran una voladura controlada del acuerdo de bases.
A efectos reales, a López le permitiría prácticamente terminar la legislatura -un anticipo electoral no se produciría antes de otoño- y daría vía libre a los ahora socios para dispararse entre sí con fuego real en la campaña electoral, para arrogarse cada uno los méritos del Gobierno del cambio y convertir los desaciertos en munición contra el otrora aliado frente al nacionalismo.
El pp vasco prepara el terreno Los populares llevan semanas enviando al Gobierno el mensaje de que, terminado el terrorismo, toca partir peras y dar por amortizado, paulatinamente, el pacto de abril de 2009. El fin de la violencia ha desplazado los ejes del universo político vasco, PNV y PP cada vez se entienden mejor, gobiernan dos de las tres diputaciones y defienden una política económica similar, y en ese contexto el PSE, que según Mendia apuesta por "otro modelo", y Bildu, se han convertido en aliados naturales casi sin darse cuenta.
Con su contenido enfrentamiento ante Rajoy se le abre al Gobierno Vasco un nuevo frente interinstitucional a cuenta del respeto al marco competencial, terreno de juego en el que ya se baten PSE -Gobierno Vasco- y PNV -Diputación de Bizkaia- ante la mirada de un PP que empieza a jugar con dos barajas y que espera el momento más apropiado para cambiar de trinchera. De momento, Basagoiti rechaza la oferta de los jeltzales de presentarle una moción de censura al lehendakari.
La rebelión del Gobierno Vasco contra Rajoy, al que ya dirigió López sus primeros dardos con motivo de la idea del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de meter en cintura presupuestaria a las comunidades amenazándolas con ir a la vía penal, eleva una tensión cada vez más perceptible, y se sostiene sobre un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo llamado a evaluar el tijeretazo del PP.
Según Mendia, el Gobierno no ampliará la jornada laboral de los funcionarios, como harán otras comunidades, pero sí congelará las retribuciones y la masa salarial de los trabajadores públicos.
