Madrid. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos". Durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría precisó que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal. "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", defendió la número dos del Gobierno.
En concreto, explicó que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia". Según dijo, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante los ciudadanos y si es necesario, ante la justicia".
Ley Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría anunció que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones". En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que fijó en "la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas".
La portavoz del Gobierno explicó que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia"", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto". Por ello, defendió que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
Constitucional Por otra parte la vicepresidenta del Gobierno también se comprometió ayer a ampliar los contactos con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible", ya que, según admitió, la renovación del tribunal es "imprescindible a corto plazo".
Al hablar del Tribunal Constitucional, Sáenz de Santamaría subrayó que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función, la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico". Recordó que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, y por otra parte, se redefina el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más, y para que cumpla su objetivo original: proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales".
