Vitoria. Los equipos de Interior de los gobiernos vasco y español se dieron ayer la mano en el palacio Artaza de Leioa en la que fue la primera reunión oficial entre el consejero Rodolfo Ares y el ministro Jorge Fernández desde la llegada de Mariano Rajoy al poder; una cita de hora y media que estuvo marcada por las "diferencias" que ambas administraciones vienen aireando de cara a la gestión del escenario creado por el "cese definitivo" de la actividad armada anunciado por ETA el pasado mes de octubre.

El objetivo de este encuentro bilateral era claro: buscar, si no un diagnóstico común y una hoja de ruta compartida, sí la fotografía de un acercamiento entre dos administraciones que se venían alejando públicamente en esta materia, anclado Rajoy en el inmovilismo hasta que ETA "no desaparezca" y embarcado ya el Gabinete López en una apuesta posibilista por la flexibilización del escenario para facilitar así la consolidación de la actual esperanza de paz. "Existe una coincidencia "básica y esencial entre ambos Gabinetes en las medidas a adoptar contra ETA". "Nos une el objetivo de ser eficaces en la lucha contra los violentos", y en esa tarea "vamos a ser un solo brazo", subrayó sin mayores concreciones el hombre elegido por Rajoy para gestionar esta decisiva etapa, que en seguida pasó a volcarse en quitar hierro a las "diferencias" que, aunque reconoció que separan a ambos ejecutivos -sobre todo en materia penitenciaria-, limito a la categoría de "ínfimas".

Discrepancias de fondo En su esfuerzo por minimizar esta brecha, Ares y Fernández se aferraron a una de las tesis que les une: la que sostiene que ETA ha cesado su actividad obligada por la fuerza del Estado. "No por convicción democrática, ética y moral", sino por "táctica". "Porque el Estado de Derecho ha vencido", subrayó tajante Fernández ante la aquiescencia de Ares. Pero a partir de ahí, pronto asomaron a los respectivos discursos todos los matices que dan cuerpo a la discrepancia.

La primera subyace en algo tan sustancial como el propio diagnóstico de situación, ya que donde el ministro especula con la posibilidad de que el adiós de ETA no sea definitivo, es decir, con que pueda volver a atentar, el Gobierno Vasco no ve motivos para la desesperanza. "Hay determinados movimientos e iniciativas que tienen como objetivo mantener una estructura larvada en la clandestinidad", sostuvo Fernández, que la víspera ya había asegurado que la organización pretende reorganizar su aparato logístico. "De la información de que disponemos", el Departamento vasco de Interior deduce que no es probable que ETA "vaya volver a cometer actividades terroristas" como atentados contra personas o extorsión a empresarios, contrapuso Ares. Y precisamente esta presunta vuelta de la extorsión requirió un nuevo esfuerzo de sintonía que llevó a Fernández a reducir la extorsión a "cuestaciones navideñas" por los presos para lograr así el apoyo de Ares, dado que Confebask e incluso la propia Ertzaintza enmendaron públicamente las advertencias del ministro.

A los equipos policiales que acompañaron a ambos responsables se sumó la directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y el acuerdo se hizo un hueco en este ámbito propiciando la firma de un protocolo de colaboración para crear un Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, en el que se evitará eso sí que sean reconocidas "desde la equidistancia".

"Inteligencia" en la victoria Resuelto el acuerdo en materia de víctimas, dos cuestiones quedaban sobre la mesa: presos y escoltas.

Aunque el PP vasco plantó batalla a la reducción de protección a los amenazados activada por el Gabinete López, Génova parece dispuesta a seguir esta misma senda. Porque el cese de atentados "es una realidad" y porque así lo aconsejan las "limitaciones presupuestarias", admitió Fernández resintonizando con su interlocutor vasco.

Sin embargo, tras estas coincidencias en materia de escoltas y víctimas resurgieron los presos como un caballo de batalla que, aunque ambos trataron de evitar dejando el dibujo de la estrategia sobre la mesa de la reunión que Rajoy y Patxi López compartirán próximamente, propició un último desencuentro que responde a la lectura de fondo que hace cada administración. Así, Ares subrayó una vez más que el Gobierno Vasco cree ya que, en "la nueva situación", sería bueno acordar una política penitenciaria "más dinámica y flexible", con la que se vaya "acercando presos a Euskadi" y excarcelando presos enfermos. Sin embargo, su homólogo mantuvo firme su enroque reiterando que "el mayor enemigo de los presos de ETA es ETA", ya que será cuando esta organización desaparezca cuando los reclusos podrán "acogerse a los beneficios penitenciarios que la Ley establece". "Si ETA no sólo deja de actuar, sino también de existir, los presos serán libres de poderse acoger a la legislación penitenciaria y a los generosísimos beneficios penitenciarios", sostuvo, para justificar el enroque en política penitenciaria al que se aferra en estos primeros compases de su aterrizaje en el poder el Ejecutivo popular.

Y en este campo base se refugió Fernández de ahí en adelante para responder a todas las preguntas relativas a la senda que seguirá el Gobierno español. "Nuestra hoja de ruta es la ley", reiteró, antes de abrir desde esa tesis la puerta a que la aplicación de esta misma ley pueda variar, pero siempre que ETA se disuelva, cuando adelantó que el Ejecutivo podrá "actuar con inteligencia" replanteándose cambios en ámbitos como la propia política penitenciaria. Hasta entonces, en lo que sonó a aviso a los navegantes que discrepan desde Euskadi, Fernández apeló a la "unidad" de partidos y administraciones y a la "lealtad institucional" como única vía para "ganar esta batalla", antes de advertir una vez más que el Estado "no está en tregua" con ETA.