ETa no se olvidó de los compañeros en "la cárcel o el exilio", esos que forman parte de las "consecuencias del conflicto" que, a su juicio, deberán ser resueltas por los gobiernos de España y Francia. En el comunicado la organización armada hacía referencia a su algo más de 700 presos y a sus deportados que, en número indeterminado, están dispersos en varios países de América, África y Europa. Porque será este colectivo el que protagonice una parte muy importante del proceso para la resolución técnica de la bajada del telón de ETA. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora con los presos y deportados de la organización armada?
Aunque con poco margen de maniobra hasta la previsible entrada del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en La Moncloa, el Gobierno socialista aún está a tiempo de modificar su política penitenciaria para adecuarla al punto final anunciado por ETA. José Luis Rodríguez Zapatero no mencionó a los presos, pero nadie duda de que tras el esperado comunicado, en breve, antes de las elecciones generales del 20-N, activará medidas para flexibilizar la situación de los reclusos.
Algunas cosas están descartadas por completo: no habrá ni amnistía ni indulto, ni tampoco un acercamiento masivo de los presos a cárceles cercanas a Euskadi. La intención de Zapatero iría más por la línea de conceder beneficios penitenciarios, en concreto, en los casos relacionados con presos enfermos, los que tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena y los que están sujetos a la doctrina Parot, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.
Lo más sencillo El caso más claro con el que empezar a abordar la famosa cuestión de los presos es el de los reclusos con enfermedades graves o incurables, como ya ha sucedido en los últimos años con algunos internos que han accedido a la libertad condicional sin necesidad de tener cumplido un periodo mínimo de la condena. Esta medida afectaría actualmente a siete reclusos, después de que esta misma semana el ondarrutarra Ibon Iparragirre saliera de prisión para seguir cumpliendo condena en prisión atenuada en su domicilio.
Se trataría, por lo tanto, de la medida más sencilla de adoptar por su naturaleza humanitaria y por su encaje legal, ya que viene recogida en el Código Penal, en su artículo 92.1, referido a presos enfermos y penados mayores de 70 años. Dicho artículo matiza que es preciso que estén clasificados en tercer grado, que cuenten con un pronóstico favorable de reinserción social, y que hayan satisfecho o prometan hacerlo las responsabilidades civiles derivadas del delito condenado.
parte de la condena No obstante, esta medida no afectaría a un número importante de presos de ETA. Todo lo contrario de la que afecta a los presos que hayan cumplido tres cuartas partes de la condena. Con una lectura positiva y no restrictiva del Código Penal se podría poner en la calle a un gran número de los alrededor de 560 reclusos de la organización que penan en las prisiones españolas. Entre ellos, una veintena de presos de ETA en estos momentos fuera del ámbito de influencia de la organización armada, que han seguido la vía Nanclares, que incluye apartarse de la banda, rechazar la violencia, pedir perdón a las víctimas y asumir las responsabilidades civiles derivadas de sus delitos. Cerca de doscientos presos de la organización estarían en esa situación, aunque sería poco probable que la aplicación de este beneficio penitenciario fuera inmediato y de manera simultánea para todos.
De producirse, serviría para visualizar una especie de liberación bastante generalizada que, a falta de una amnistía como la de 1977 que parece descartada por unos y por otros, colmaría momentáneamente las expectativas de la izquierda abertzale mientras se busca una salida definitiva a la cuestión.
'Doctrina parot' Otro grueso importante de reclusos a los que las posibles medidas de Zapatero podrían afectar serían los que están relacionados con la doctrina Parot. En esta situación se encuentran 71 internos. El Código Penal aprobado en 1995 durante el Gobierno de Aznar endureció el cumplimiento de las condenas respecto a lo que se contemplaba en el anterior, fechado en 1973. La reforma eleva para los miembros de ETA el plazo máximo de estancia en prisión hasta los 40 años, diez más que con la legislación anterior. A esta modificación se le añade la doctrina aprobada en 2003 por el Tribunal Supremo al hilo del caso de Henri Parot que está pendiente de la resolución de un recurso en el Constitucional.
Otro importante número de militantes cumple condena en Francia (alrededor de 140), México (1), Portugal (1), Irlanda del Norte (1) e Inglaterra (1).
adhesión del colectivo En todo caso, lo que parece claro es que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) se sumará a la declaración de cese de la lucha armada anunciado por ETA. De hecho, el 23 de septiembre ya se adhirió al acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas, el denominado Acuerdo de Gernika, que les comprometía a pedir a la organización terrorista el cese definitivo de su actividad armada y apuesta exclusiva por vías democráticas.
La realidad con la que se topan estos presos es sensiblemente distinta a la de los reclusos no condenados por causas relacionadas con el terrorismo. Además de haber cumplido tres cuartas partes de la condena, deben pedir perdón a las víctimas, reconocer el daño causado, y responsabilizarse de las indemnizaciones por los daños acometidos. Es el caso, entre otros, del grupo de una veintena de presos disidentes de ETA internos en el penal de Langraitz, críticos con la organización, y que agrupa a históricos como Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola o Kepa Pikabea.
Además del colectivo de presos, existe un número indeterminado de refugiados vascos -difícil de cuantificar-, desperdigados por el mundo. Hay grupos de ellos en países americanos como Venezuela, México, Nicaragua o Cuba, y en países africanos como Cabo Verde, así como en Europa. La sintonía de este grupo con respecto a la estrategia del colectivo de presos parece también total. El grupo de refugiados vascos en Venezuela, en una nota pública emitida el 11 de septiembre de 2010, mostraba ya en aquel momento su "apoyo decidido y absoluto" al primer comunicado de ETA de hace un año en el que anunciaba el "cese de las acciones armadas ofensivas".
