El fin de ETA pasa por las cárceles

Sin embargo, lejos de interpretar este gesto como una prueba de buena voluntad que intentaba poner punto y final al conflicto armado, la cúpula de la banda entendió que la amnistía no solucionaba la raíz del conflicto político -la causa por la que habían sido detenidos sus militantes-, y decidió agudizar su campaña de atentados, nunca interrumpida, en pos de alcanzar el verdadero objetivo de sus acciones: la independencia de Euskal Herria y el socialismo.

Tres días después de que el último preso de ETA saliera de la cárcel, el ondarrutarra Francisco Aldanondo Badiola, Ondarru, la organización armada asesinaba al concejal irundarra Julio Martínez Ezquerro, de 45 años. Dejaba dos hijas de 18 y 15. Sólo en ese año, los atentados se cobraron la vida de 68 personas, una cada cinco días, la cifra más alta jamás alcanzada por ETA hasta ese momento. Desde entonces, las cárceles han vuelto a ser un punto de entrada sin retorno para los cerca de 900 activistas que actualmente cumplen condena en los Estados español y francés, y que han visto cómo sus efectivos en la calle se reducen a un centenar, según las cifras que maneja el Gobierno español.

Esta realidad, que ha evidenciado que la campaña de acoso y derribo puesta en marcha desde Madrid ha estrechado enormemente el margen de actuación de los activistas, ha venido precedida, además, de un desapego social hacia los medios defendidos históricamente por ETA. Situación, esta última, que vivió su punto más álgido tras el fracaso del último proceso de paz -con el atentado de la T-4-, donde el propio mundo de la izquierda aber-tzale entendió que se había alcanzado el principio del fin y que era el momento de apostar por vías exclusivamente pacíficas para solucionar el denominado conflicto vasco.

Tras más de un año de debate interno en las cárceles, a petición de la izquierda abertzale, e inmersos en un alto el fuego permanente, de carácter general y verificable internacionalmente, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ha asumido que el contador del final de la violencia está llegando a cero y que es el momento de apostar por vías exclusivamente pacíficas pero, a cambio, exigen jugar un papel en el proceso de normalización. Dicha reflexión quedó ratificada el pasado 23 de septiembre con la adhesión de los presos al Acuerdo de Gernika, con la que se comprometen a pedir a ETA la declaración de un alto el fuego permanente como expresión del cese definitivo de su actividad armada.

En lo que respecta a la situación de los reos, el documento firmado por el EPPK insta al Gobierno español a poner fin a la actual política penitenciaria con medidas concretas como el fin de la práctica de la dispersión, la liberación de los activistas con graves enfermedades, la derogación de la doctrina Parot, o la concesión de libertades provisionales a los que cumplan los requisitos legales. En este sentido, tal y como adelantó este periódico el pasado jueves, el todavía Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero estaría dispuesto a flexibilizar la situación de los reclusos si en el esperado comunicado de ETA se advierten pasos definitivos para su disolución. Sin embargo, a diferencia de hace 34 años, el Gabinete español en ningún caso se plantearía una amnistía general a los presos o un indulto, ni tampoco un acercamiento masivo de los reclusos a las cárceles vascas, sino que abogaría por flexibilizar la situación de los presos enfermos y los cerca de 200 que tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena en un intento, parcial, de satisfacer las expectativas de la izquierda aber-tzale de cara a solventar definitivamente el conflicto armado.

Otro núcleo importante de presos que podrían beneficiarse de las medidas de Zapatero serían los que están bajo la percha de la doctrina Parot -alrededor de 70-, a quienes los beneficios penitenciarios les son aplicados de manera individual respecto a cada una de las penas y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión, que es de treinta años. En este sentido y "con la ley en la mano", como vienen preconizando desde distintos sectores de Madrid, la legislación estatal permite a los encarcelados acceder a la libertad condicional con dos terceras partes de la pena cumplida o incluso antes si se acogen a ciertos programas de reinserción.

No obstante, la realidad con la que se topan los presos es sensiblemente distinta a la de los otros reclusos. Además de haber cumplido tres cuartas partes de la condena, deben pedir perdón a las víctimas, reconocer el daño causado, y responsabilizarse de las indemnizaciones por los daños acometidos. Es el caso, entre otros, del colectivo de presos disidentes de ETA internos en el penal alavés de Nanclares, críticos con la organización, y que agrupa a históricos como Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola o Kepa Pikabea.

cambio de discurso En este nuevo contexto, sorprende, sobremanera, el giro de 180 grados adoptado por el lehendakari Patxi López al abogar por una política penitenciaria flexible y tendente a la reinserción -un postulado que no es novedoso, pero que no había asomado en el discurso del lehendakari en sus dos años y cuatro meses en Ajuria Enea-. Sea como fuere, lo que a estas alturas nadie duda salvo, quizá, el sector más conservador del PP, es que la solución al conflicto pasa antes o después por los presos, pero, paradójicamente, la llave que posibilita desbloquear esa situación obra únicamente en manos del Gobierno español.

Y, precisamente, aquí es donde estaría anclada la última de las piezas que confeccionarían el puzzle final. A poco más de un mes para conocer al nuevo inquilino de La Moncloa, desde el mundo de la izquierda abertzale temen que la más que posible llegada de Mariano Rajoy a la presidencia española haga saltar por los aires los pasos dados hasta ahora, y que los populares pongan en marcha la política de mano dura que ya han adelantado los dirigentes de Génova.

La idea de que esta situación sirva de pretexto para acelerar el esperado desenlace final contaría con otras connotaciones. En primer lugar, el fin de la violencia bajo mandato socialista insuflaría un soplo de aire fresco a la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba, acuciada por las encuestas y por los últimos supuestos escándalos de corrupción en el seno de su partido, entre ellos, la operación Campeón, que sacude a José Blanco, portavoz y ministro de Fomento del Gobierno español.

Segundo, y no por ello menos importante, el comunicado de disolución pondría entre la espada y la pared a Mariano Rajoy, que se vería en la tesitura de no poder revocar un inminente escenario de paz, aunque ello conlleve la salida paulatina pero constante de los presos, un precio que los populares siempre se han negado a pagar. Y, ligado a este último punto, las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo -sin duda otro de los colectivos con derecho a voz pero que quedaría al margen de la resolución política de un conflicto que habría de ser abordada en exclusiva por los partidos como depositarios de la voluntad popular-, ya han dejado meridianamente claro que no aprueban la política dialogante impulsada por Zapatero y que se sienten más identificadas, como es comprensible, con la política de tolerancia cero de la que el PP se ha convertido en adalid.

En este sentido, una de las patatas calientes que Rajoy no podría obviar -si accede a La Moncloa- es que el cordón umbilical que une a su partido con las víctimas le compromete. No podrá desembarazarse de él a las primeras de cambio tragando con las peticiones de los presos, que son, precisamente, la piedra filosofal del conflicto.

Tres días después de que la amnistía de 1977 liberara al último preso, ETA segaba la vida de un concejal en Irun

El fin de la violencia

bajo mandato socialista insuflaría un soplo de aire fresco a Rubalcaba de cara a las elecciones

Situación de los reos

l 'Frente de makos'. Además del medio millar de presos que cumplen actualmente condena en las cárceles del Estado -sin contar los reos que han roto con la banda- 160 hacen lo propio en Francia mientras que países como México, Portugal, Irlanda del Norte e Inglaterra custodian en sus cárceles a un preso cada uno.

la cifra

71

l Presos de ETA. Son los que están afectados por la 'doctrina Parot', que Zapatero podría flexibilizar. Alrededor de 200 han cumplido ya tres cuartas partes de la condena y 8 padecen enfermedades graves o incurables, según datos de Etxerat.