Vitoria. Al calor de la vertiginosa velocidad de los acontecimientos que permiten pensar en un no muy lejano final de la violencia, los diferentes agentes políticos se sitúan en un escenario post-ETA y adecúan sus posiciones a la nueva realidad, también en relación a la política penitenciaria. Mientras desde la izquierda abertzale se sube el listón y reclaman una amnistía general para los presos de la banda armada (y para los que cumplen penas por su pertenencia a formaciones ilegalizadas), el Gobierno español todavía presidido por José Luis Rodríguez Zapatero planea flexibilizar la situación de los presos si en el esperado comunicado de ETA se advierten pasos definitivos para su final.
La inminencia de las elecciones generales del 20 de noviembre obliga a dar pasos con rapidez antes de la previsible llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy. Tiempo suficiente para que Zapatero ponga en marcha alguna medida relacionada con la política penitenciaria. Según ha podido saber este diario, el presidente español estaría dispuesto a realizar a corto plazo movimientos con los presos. No se trataría de una amnistía o un indulto, ni tampoco de un acercamiento de los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi, sino que buscaría flexibilizar la política penitenciaria en los casos relacionados con presos enfermos, los que tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena y los que están sujetos a la doctrina Parot, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.
Los movimientos a los que estaría dispuesto el presidente Zapatero pueden entenderse como beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Es el caso de los reclusos con enfermedades graves o incurables, como ya ha sucedido en los últimos años con algunos internos que han accedido a la libertad condicional sin necesidad de tener cumplido un periodo mínimo de la condena. Esta medida afectaría actualmente a ocho reclusos, dos de ellos con carácter de urgencia, según precisaron a DNA fuentes de Etxerat.
Sería la medida más sencilla de adoptar por su naturaleza humanitaria y por su encaje legal, ya que viene recogida en el Código Penal, en su artículo 92.1, referido a presos enfermos y penados mayores de 70 años, y en el mismo matiza que es preciso que estén clasificados en tercer grado, que cuenten con un pronóstico favorable de reinserción social, y que hayan satisfecho o prometan satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito objeto de la condena.
Esta medida no afectaría a un número importante de presos de ETA. Todo lo contrario de la que afecta a los presos que hayan cumplido tres cuartas partes de la condena que, con una lectura positiva y no restrictiva del Código Penal, pondría en la calle a un gran número de los más de quinientos reclusos de la banda que penan en las prisiones españolas, mientras que el resto cumplen sus condenas en Francia (alrededor de 140), México (1), Portugal (1), Irlanda del Norte (1) e Inglaterra (1).
Alrededor de doscientos presos estarían en esta situación, aunque sería poco probable que la aplicación de este beneficio penitenciarioo fuera inmediato y al mismo tiempo para todos ellos. En cualquier caso, serviría para visualizar una suerte de liberación bastante generalizada que, a falta de una amnistía como la de 1977 que parece descartada por unos y por otros, satisfaría momentáneamente las expectativas de la izquierda aber-tzale mientras se busca una salida definitiva a la cuestión.
La legislación española permite a los reclusos acceder a la libertad condicional tras haber cumplido dos terceras partes de la pena. Incluso se puede adelantar el plazo si el preso ha participado en ciertos programas y actividades. Los presos de ETA, en cambio, deben haber cumplido al menos tres cuartas partes de la condena, haber repudiado la violencia y pedido perdón de forma expresa a las víctimas. La situación cambiaría con ETA desaparecida, ya que quedaría en manos del Gobierno o del Parlamento la capacidad de establecer nuevos requisitos. La iniciativa también tendría una percha jurídica que solo precisaría una decisión politica.
Otro grueso importante de presos a los que las medidas de Zapatero podrían afectar serían los que están relacionados con la doctrina Parot. En esta situación se encuentran 71 internos, aunque con casuísticas variadas, ya que a algunos ya se les ha aplicado una vez de que han cumplido su condena inicial, a otros que inicialmente iban a salir pronto les han alargado su internado, y a un tercer grupo que ya está en libertad le puede suceder que vuelvan a prisión en aplicación de esta normativa.
El Código Penal aprobado en 1995 durante el Gobierno de Aznar endureció el cumplimiento de las condenas respecto a lo que se contemplaba en el anterior, fechado en 1973. La reforma eleva para los miembros de ETAel plazo máximo de estancia en prisión hasta los 40 años, diez más que con la legislación anterior. A esta modificación se le añade la doctrina aprobada en 2003 por el Tribunal Supremo al hilo del caso de Henri Parot que está pendiente de la resolución de un recurso en el Constitucional y que algunas fuentes sostienen que resolverá en breve.
Hasta la resolución del Supremo, los presos de ETA condenados por la legislación de 1973 cumplían un máximo de 30 años de condena, aunque estuvieran condenados a cientos de años de cárcel. Las redenciones de pena por buen comportamiento, o realizar estudios o trabajos se aplicaban a este tope máximo de treinta años de cumplimiento. Sin embargo, con la nueva doctrina, la redención se comenzará a aplicar a cada una de las penas por las que esté condenado el interno.
Dispersión El recurso está por resolver en el Constitucional, pero un impulso político acompañado de una declaración de ETA de cierre de sus actividades podría ser determinante para dar marcha atrás a la doctrina Parot. En una situación similar se encuentra la legalización de Sortu, pendiente de la resolución del alto tribunal. Para la izquierda abertzale es uno de los requisitos básicos para que la banda armada se decida a dar el paso definitivo.
La dispersión de los presos de ETA es una decisión política, no legal. El Gobierno que se forme tras las elecciones generales, podría tomar la decisión que entienda más adecuada en función de las circunstancias. Ahora mismo hay una veintena de presos de ETA en cárceles vascas. Son los que han seguido la vía Nanclares, que incluye apartarse de la banda, rechazar la violencia, pedir perdón a las víctimas y asumir las responsabilidades civiles derivadas de sus delitos.
