madrid. El PSOE está dispuesto a negociar con el PP una reducción de los escaños en el Congreso. Así al menos lo reconoció ayer su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien empleó el eufemismo de "aligerar la estructura política de la Administración" para hacer extensible el recorte de representatividad no sólo a diputados y senadores, sino también a ayuntamientos, parlamentos autonómicos y, especialmente, a las diputaciones provinciales que le parecen las estructuras "más prescindibles". Es la respuesta oficial de los socialistas a la propuesta popular de reducir en 50 escaños los representantes electos en el Congreso.

Pero por si acaso Rubalcaba reconoce que ese recorte puede generar problemas de recentralización del Estado en una doble vía: menos posibilidades de que los territorios despoblados pueden tener voz en la Cámara y mayor bipartidismo ya que las formaciones minoritarias necesitarían más votos para obtener un diputado. El candidato socialista está dispuesto a negociar (un pacto con el PP impondría el cambio y, por tanto, la recentralización), pero incide también en apretar en otras instituciones. "Reducir 50 diputados ahorra al erario público sus 50 sueldos pero, a cambio, puede generar problemas de proporcionalidad que conviene medir", mientras defiende que "el ahorro se puede lograr convirtiendo las diputaciones provinciales en consejos de alcaldes para así liberar puestos y reducir asesores de un total de mil diputados provinciales en unas estructuras que, además, duplican a las comunidades autónomas". Según sus cálculos, la reforma de las diputaciones generaría un ahorro de 1.000 millones de euros, pero el PP tiene la "manía" de no querer hablar de este asunto porque son "mil cargos políticos".

Improvisación Rubalcaba aprovechó para criticar la propuesta del PP de que los cargos públicos que falseen u oculten cuentas tengan que responder a los tribunales. El candidato le pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que envíe a Génova un Código Penal, para que el PP no tenga que "inventárselo todos los días" y replicó que si un cargo público incurre en falseamiento u ocultación de sus cuentas ya está obligado a ir a los tribunales, a ser juzgado por prevaricación.

El candidato socialista volvió también a criticar que el PP y su presidente, Mariano Rajoy, no desvelen su programa para el 20 de noviembre y se limiten a decir "dependes, incluso depende del FMI. Igual es que lo van a improvisar después de las elecciones", aseguró irónico recordando las veces que el PSOE ha sido acusado de lo mismo.