BILBAO. . El proyecto de Ley Municipal, que el lehendakari Patxi López presentó el pasado 30 de agosto a bombo y platillo, nació tarde, sin un respaldo de los partidos que garantice que la iniciativa prosperará, y ahora con la oposición de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Este cónclave de expertos en leyes por el que deben pasar buena parte de los proyectos de ley ha dado un buen tirón de orejas a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo del PSE, ya que viene a dar la razón a las diputaciones. Según la COJUA, el proyecto vulnera las competencias de las diputaciones de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa al regular la participación de los ayuntamientos en la recaudación por tributos concertados.
A pesar del informe de los asesores jurídicos, que atribuye a las instituciones forales la potestad de regular en esta materia, el Gobierno vasco ha decidido mantener sin cambios los artículos del proyecto cuestionados (66, 67 y 68) al discrepar "respetuosamente" de las conclusiones del órgano superior consultivo de la Administración vasca. El Ejecutivo del PSE sostiene que la tutela financiera que corresponde a los entes forales no ampara capacidad normativa en la materia, sino solo actos de ejecución.
Todos los proyectos de ley, a excepción de la Ley de Aportaciones y la de Presupuestos, deben ser analizados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi antes de ser aprobados en Consejo de Gobierno y remitidos al Parlamento Vasco. Un análisis previo que da lugar a un dictamen que expone eventuales problemas jurídicos plantea cambios en el texto con el objetivo de que se acomode mejor a la legislación vigente. Y en este hay piedras en el camino. El dictamen de la COJUA sobre la Ley Municipal propone una batería de modificaciones en el texto legal que, en su mayoría, son admitidas e incorporadas al proyecto que inició ayer su tramitación en la Cámara de Gasteiz.
El Ejecutivo de Patxi López no incorpora, en cambio, algunos de los cambios propuestos y, entre ellos, destaca el relacionado con los artículos que regulan la participación de los ayuntamientos en los tributos concertados. Los artículos 66, 67 y 68 del proyecto establecen los criterios de participación de los consistorios en la recaudación por tributos concertados y, concretamente, atribuyen al Consejo Vasco de Finanzas -donde se sentarían con derecho a voz y voto los municipios- la función de determinar la metodología y fijar el porcentaje de la recaudación que corresponde a las instituciones locales. También establecen que la mitad de la cuantía adjudicada a los ayuntamientos sea distribuida con criterios homogéneos en los tres territorios históricos en función de la población y el esfuerzo fiscal de cada localidad. Las instituciones forales tendrían libertad para establecer los criterios de reparto de la otra mitad para, de esta forma, tener en cuenta peculiaridades como la dispersión, las zonas de montaña, etc.
el precedente de 2008 La COJUA asume el criterio de la resolución que dictó la Comisión Arbitral -órgano que dirime los conflictos de competencia entre Gobierno y Diputaciones- sobre la Ley Municipal que tramitó al final de la pasada legislatura el Gobierno de Ibarretxe, y atribuye a los territorios históricos la potestad de regular el régimen jurídico de la participación de los municipios en la recaudación por tributos concertados.
Las conclusiones del dictamen son que los artículos 66, 67 y 68 del proyecto no se adecuan al régimen de distribución competencial entre las instituciones comunes y los territorios históricos, e intervienen en un campo ajeno sin disponer del necesario y suficiente respaldo legal basado en la Ley de Territorios Históricos. El Gobierno vasco destaca que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi cambia "radicalmente" de criterio, ya que si en 2008 no puso objeción alguna al proyecto de Ley Municipal del Gobierno de Ibarretxe a pesar de que incluía disposiciones "similares". "Esperamos que la Comisión Arbitral revise también, cuando llegue el caso, el criterio que mantuvo en 2003 y 2008 con la misma legitimidad que ha revisado el suyo la COJUA en sentido contrario", defiende el PSE.
Según la opinión del Gabinete López, no hay duda de que el artículo 10.4 del Estatuto de Gernika otorga al Gobierno vasco la competencia de legislar sobre la participación fiscal de los ayuntamientos. Dicho artículo, a juicio del PSE, atribuye de forma exclusiva a las instituciones comunes la competencia sobre "régimen local", un concepto que según el Tribunal Constitucional comprende todos los aspectos de la Administración municipal incluidas las haciendas locales. "Según la jurisprudencia del TC, la ordenación o regulación del régimen jurídico de las entidades locales, incluido el de las haciendas locales; y, dentro de éstas, la constitución de fondos autonómicos de financiación municipal y la regulación del régimen de participación en ellas se integran en el título competencial régimen local y no en el de tutela financiera", añade la formación socialista.
en defensa de la foralidad Aunque Lakua parece seguir firme con su propósito pese al dictamen de la COJUA, este fallo es un guiño a las reivindicaciones de las diputaciones. Aunque por el momento únicamente la de Bizkaia ha anunciado que recurrirá el proyecto de Ley ante la comisión arbitral (el órgano que dirime extrajudicialmente conflictos entre las instituciones comunes y los órganos forales de los territorios históricos), las de Araba y Gipuzkoa también pueden sumarse. Por ahora, el ente foral más beligerante con este plan ha sido el gobernado por el jeltzale José Luis Bilbao, que sostiene que el plan del PSE "vulnera o altera" la LTH, así como el Estatuto de Gernika y la Ley del Concierto Económico. "El proyecto se corresponde con la idea del PSOE de disolver las diputaciones (...). Los municipios de menos de 2.000 habitantes tendrán muy mal futuro", advirtió el portavoz de la Diputación vizcaina, Juan María Aburto.
