PAMPLONA. El número de personas que vive con escolta permanente en Navarra y la CAV se ha visto reducido de forma considerable en los últimos tiempos y todo apunta a que esta situación se intensificará en los próximos meses.
El Ministerio del Interior, que es el que decide en la inmensa mayoría de los casos quiénes deben llevar protección, mantiene desde principios del presente año una incesante supresión de este servicio. Desde el departamento que hasta hace escasas fechas dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba se viene ordenando la eliminación de los servicios de escolta a aquellas personas que han dejado de ser cargos electos. Ya antes de los comicios del pasado 22 de mayo, Interior procedió a retirar la protección a exconcejales que la conservaban pese a que habían transcurrido cuatro años e incluso más desde que cesaron en la actividad pública.
La dinámica de prescindir de estos servicios no ha hecho sino incrementarse desde las recientes elecciones forales y municipales y afecta fundamentalmente a aquellos que han dejado se ostentar un cargo público. A muchos de ellos les han rebajado la protección a la mitad -quienes tenían dos escoltas ahora cuentan con uno- y, además, ya les han comunicado que a partir del 1 de septiembre este servicio desaparecerá. Sí conservan la misma dotación de guardaespaldas aquellos amenazados que en documentaciones incautadas a ETA eran un objetivo preferente de la banda armada, incluso aunque se trate de personas apartadas de la vida política.
TREGUA Y VÍAS POLÍTICAS En la toma de estas decisiones, el Ministerio del Interior valora tanto el anuncio que el 10 de enero hizo ETA de declarar un alto el fuego permanente, general y verificable, que además ha sido ratificado en posteriores comunicados de la organización terrorista, como el hecho de que la izquierda abertzale haya emprendido un camino en el que apuesta de manera exclusiva por las vías políticas para desarrollar su proyecto independentista.
Pese a que desde las instituciones públicas -Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno en Navarra y gobiernos foral y vasco- no se dan datos oficiales sobre una cuestión tan sensible y delicada como esta, las empresas privadas que ofrecen estos servicios calculan que en el último año unos 500 escoltas -de los aproximadamente 2.700 que desarrollaban esta labor de protección de políticos, empresarios y otras personas amenazadas por ETA- han perdido su puesto de trabajo. En algunos casos, la supresión de los escoltas ha sido solicitada por los propios cargos públicos, sobre todo concejales de PSN y PSE, que ni quieren ni ven necesario vivir en el contexto actual con alguien que siga todos sus pasos.
Además, los propios resultados electorales del 22-M también han llevado implícita una reducción de guardaespaldas, ya que son menos los cargos socialistas y populares elegidos, especialmente en la CAV, donde el regreso de la izquierda abertzale a las instituciones ha dado un buen bocado a la representación que tenían las dos formaciones que sostienen a Patxi López en el Gobierno. Ante este panorama, la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco ya ha levantado la voz. El pasado jueves consideró "precipitada y peligrosa" para sus protegidos y sus familias, la retirada de protección que se está produciendo en las últimas semanas, y reclamó al consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, soluciones laborales para 500 personas que van a perder su empleo y con enormes dificultades para recolocarse después de haber ejercido esta profesión.
"Nuestras labores de protección, siempre a cara descubierta, han hecho del escolta una persona conocida y reconocible en toda la geografía, lo que cerrará, por razones obvias, numerosas puertas a aquéllos que quieran acceder al mercado laboral", alertó la portavoz de la Asociación, Toñi Sánchez, quien subrayó que representa a "un colectivo que, como mínimo, merece un respeto después de tantos años trabajando en favor de las libertades y la democracia en el País Vasco y Navarra".
El expresidente Miguel Sanz, rodeado de escoltas. Foto: PATXI CASCANTE
A muchos excargos
se les ha comunicado que a partir del
1 de septiembre dejarán de tener escoltas
Son numerosos
los casos en los
que al protegido se le ha reducido a la mitad los escoltas asignados
