madrid. Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo coinciden en apreciar indicios de delito en la actuación del juez Baltasar Garzón respecto de la investigación que realizó a principios de 2009 sobre la trama Gürtel, hecho por el que previsiblemente se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y de un delito contra las garantías constitucionales. Así se señala en el auto dado ha conocer ayer por el alto tribunal en el que desestiman de forma conjunta cuatro recursos de apelación que habían sido presentados por Garzón contra otras tantas resoluciones dictadas entre los pasados meses de marzo y junio por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que fue el que instruyó esta causa penal contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Uno de los recursos de Garzón se presentó contra un auto en el que se desestimaban determinadas diligencias de prueba, dirigidas a a constatar que los imputados en Gürtel se proponían poner a buen recaudo el dinero obtenido en sus presuntas acciones delictivas. Frente a esta tesis, el instructor consideró que cualesquiera que fueren los indicios contra Francisco Correa y sus compinches no se podían realizar las escuchas si las sospechas no afectaban a sus abogados.
Respecto a este tema, los magistrados Juan Saavedra (presidente de la Sala de lo Penal), Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza coinciden con la tesis del instructor, y concluyen que tiene que ser respetada, "máxime cuando todas las pruebas no admitidas podrían volver a solicitarse para el acto de juicio oral, caso de llegar a celebrarse éste".
Entre las diligencias solicitadas y ahora rechazadas definitivamente estaba el testimonio de Antonio Pedreira (que instruye actualmente el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid), que a juicio del Supremo no es necesario porque "no se aporta elemento alguno acreditativo de que la declaración de ese testigo llegara a alcanzar una eficacia que fuera determinante de la exclusión de antijuricidad indiciaria de la conducta del querellado".
También rechazaba el TS la declaración de los funcionarios policiales y jefes de la investigación de la trama Gürtel, cuya labor dio origen a la incoación de diligencias contra los integrantes de la misma en la Audiencia Nacional hasta que en marzo de 2005 Garzón se inhibió en favor del TSJM. Igualmente, no se aceptaba citar en calidad de testigo al querellante inicial, Ignacio Peláez.
Finalmente, la Sala confirma la decisión de Jorge Barreiro de no tener como prueba las decisiones del TSJM sobre los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, investigados por Garzón como supuestos encargados de hacer desaparecer el dinero de la trama.
