Madrid. La protección de los hipotecados y la adopción de medidas para facilitar el crédito a las pymes son los dos principales ejes económicos de las noventa propuestas de resolución presentadas ayer por los grupos parlamentarios tras dos días de debate sobre el estado de la nación.

Un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase que se va a aumentar la cantidad no embargable por deudas hipotecarias hasta los 961 euros, CiU propuso elevar más este límite y pidió también fomentar la dación en pago -que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad- con incentivos fiscales, aunque no los detalla.

Los nacionalistas catalanes sugirieron asimismo mejorar la valoración que se hace a un inmueble cuando se lo queda el banco acreedor, mientras que el PP reclamó "poner coto" a abusos como la denominada cláusula suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el Euríbor se sitúa por debajo.

ERC-IU-ICV piden directamente la dación en pago y proponen también limitar las cantidades de los créditos y el tiempo para pagarlos. El BNG por su parte se suma también a esta propuesta y añade medidas alternativas al embargo, como moratorias en el pago de los plazos pactados, la transformación en contrato de arrendamiento o condonaciones parciales de la deuda.

ayudas El PP considera "limitada" la medida del Gobierno de ampliar el umbral del salario inembargable y apuesta por la recuperación de la deducción por compra de vivienda y por "poner coto" a cláusulas "abusivas", como "la cláusula suelo". Junto con las hipotecas, los populares incluyen su prometida ley de apoyo a los emprendedores, con incentivos fiscales a la contratación (3.000 euros durante dos años a los emprendedores que contraten a su primer trabajador por tiempo indefinido), el pago del IVA en el momento del cobro de la factura y nuevas formas de financiación.

CiU también reclama bonificaciones para los autónomos y pymes que creen puestos de trabajo y que las entidades financieras que han recibido ayudas públicas se reserven una parte del crédito que conceden para las pequeñas y medianas empresas. Esta condición para las entidades asistidas por el Gobierno también la defienden IU-ICV-ERC y PSOE, que además pide que dicha asistencia pública sea el "último recurso".