No hay cifras oficiales de desahucios (las asociaciones contraria a estas ejecuciones los cifran en 300.000 en el Estado español desde 2008) pero es fácilmente constatable que van en aumento y que la actual crisis económica tiene en esta figura uno de los dramas más visibles.

En nuestro entorno, Cáritas ha denunciado esta semana estos desahucios, injustos en casos en los que hay una buena fe (esto es, el deudor quiere pagar pero no puede) que no es tenida en cuenta por el acreedor (bancos y cajas de ahorro con los que fue adquirida la hipoteca). Hasta una docena de desalojos forzados se han registrado en los últimos meses en estas condiciones en la margen izquierda.

El desalojo, que supone dejar literalmente en la calle a una familia, conduce a estas personas a una situación de desprotección y riesgo de cronificación de la pobreza. Más aún cuando la entidad financiera no acepta la "dación de pago"; esto es, "tú te quedas la casa, pero yo saldo así la deuda".

La situación es grave y además, amenaza con serlo más. En el supuesto de que los desalojados encontraran un puesto de trabajo (en la abrumadora de los casos dejan de pagar el crédito porque han perdido el empleo que mantenía a la familia) sus primeros sueldos están ya embargados. ¿Qué esperanza les queda con ese futuro inmediato?

En enero, una sentencia de la Audiencia de Navarra abrió la espita del debate sobre si este proceder era justo o no. Según aquel fallo, si bien los acreedores tienen derecho a seguir reclamando al desahuciado su deuda en virtud de la actual legislación que regula las hipotecas, existe en el Código Civil otra figura que conviene ser considerada: la del abuso de derecho. El recurso está en el Constitucional, pero el debate está más vivo que nunca fuera de los juzgados.

Si como han manifestado prácticamente todos los partidos políticos su voluntad es la de escuchar las reivindicaciones más "posibilistas" de lo que en las últimas semanas van manifestándose en la calle, tienen aquí una excelente oportunidad. Pero no ha ocurrido. Hasta en dos ocasiones se ha llevado esta cuestión al Congreso con escaso resultado. Tanto PSOE como PP se opusieron a reformar la legislación sobre hipotecas y la subcomisión creada para estudiarla no ofrece muchas esperanzas.

Entre los argumentos escuchados en las Cortes sobre el asunto, destaca la de que un cambio en la Ley supondría encarecer el crédito, puesto que las entidades financieras tratarían de asegurarse más beneficios por esta vía en el caso de arriesgar el dinero prestado. Puede ser, pero a pesar de ello considero que este ajuste de mercado (¿les suena, verdad?) sería natural y evitaría, precisamente, caer en un sobreendeudamiento de las familias por concesión de créditos por encima de tasación, que es uno de los factores causantes de la crisis que ahora padecemos.

Hay otra razón, no dicha, pero que no puede pasarse por alto. Los partidos políticos están endeudados con esas entidades financieras a las que ahora se les pretende limitar un derecho abusivo. Por decirlo de manera directa: los partidos están "secuestrados" en este capítulo por los acreedores. Y ya que conviene cambiar esta ley, de paso se puede retomar la cuestión de la financiación de los partidos, otro de los males endémicos que arrastra nuestro sistema.

La ley, a pesar de esa sentencia dictada en Iruña, parece dar la razón de forma general a las entidades financieras. Pero la razón legal no siempre se corresponde con el proceder justo o, por decirlo en términos muy actuales del que echan mano a menudo cajas y bancos, con la "responsabilidad social" que se les supone.

Se les supone, sí, porque a ella apelan de manera constante en sus relaciones con la sociedad a través de los mensajes publicitarios. En el caso de las Cajas, es evidente, Nacieron con una vocación asistencial, se fueron acercando al negocio bancario manteniendo una obra social notable y es precisamente ahora cuando deben estar a la altura de las circunstancias. Eso se espera de ellas y cuando hablamos de "bancarización" espero que nos refiramos todos a que es bueno que obtengan beneficios con parámetros de responsabilidad social (un desahucio como los indicados no se ajusta a ese criterio) para que puedan revertir en beneficio de los más necesitados de nuestra sociedad.

Lo de los bancos privados es otro cantar. Vieron que las Cajas les comían terreno y necesitaron una mano de los partidos políticos (otra vez estas "amistades peligrosas") para ganar ventaja. Su "obra social" no está en sus genes. Y a la vista del número de desahucios, deberían empezar por retirar esa publicidad "buenista". Es un ejercicio hipócrita que sus anuncios nos presenten con sonrisa de agradecidos a personas que el banco les ayudó a salir de la pobreza después de que les echaran a la calle y les embargaran sus futuros salarios.