Vitoria. Varios meses antes de que los ciudadanos salieran a las plazas de todo el Estado para exigir el fin de los privilegios entre la clase política, y ante el malestar ya creciente entre la opinión pública con respecto a sus representantes, el Parlamento autonómico puso en marcha su ponencia sobre el Estatuto del Político Vasco, un foro de debate a puerta cerrada que empieza a dar sus frutos. Ayer se decidió eliminar los complementos a las pensiones de consejeros y viceconsejeros del Gobierno Vasco, una partida de 1,1 millones de euros anuales que redondea las pensiones de más de setenta exaltos cargos de la administración pública vasca hasta alcanzar la mitad de lo que cobraban cuando ejercían. Todos los grupos acordaron eximir de este recorte a los lehendakaris.

Según explicó la presidenta de la ponencia, Joana Madrigal, ayer se fraguó un "amplio consenso" sobre la retirada de unos complementos que además quieren aplicar con carácter retroactivo, aunque aún resta alcanzar la unanimidad que se han marcado como objetivo para cerrar definitivamente la cuestión, y solventar una duda de carácter jurídico.

Por un lado, hay grupos en la Cámara que se resisten a renunciar a un privilegio cada vez más contestado, habida cuenta del recorte que han sufrido las pensiones por orden directa de Europa. Aquel consejero, viceconsejero o lehendakari que haya ejercido durante al menos dos años -lo que incluye desde el mes pasado al equipo de Patxi López-, percibirá a partir de los 65 años la mitad de su sueldo como alto cargo, que oscila entre 95.000 euros anuales que cobra el inquilino de Ajuria Enea a los 78.600 que se embolsa cada año un viceconsejero. Como la pensión máxima en el Estado es de 35.000 euros, el Gobierno Vasco pone el resto hasta completar la cantidad que se haya calculado en cada caso.

Por otro lado, la mayoría de los grupos están por la labor de aplicar el recorte con carácter retroactivo, de tal manera que nadie más acceda a este privilegio en el futuro, pero que además se le retire a quienes lo adquirieron pero aún no cobran porque no se han jubilado, y también a quienes ya perciben este complemento a su pensión.

Sin embargo, los miembros de la ponencia no están seguros de hasta qué grado se puede aplicar esa retroactividad, y por eso han solicitado un informe jurídico que les servirá para tomar una decisión el próximo día 28, tiempo que se aprovechará además para buscar la unanimidad en torno a la retirada de privilegios a los altos cargos del Gobierno. La idea es empezar a realizar las modificaciones legislativas necesarias a partir de septiembre.

En lo que sí que no hay discusión es en la demanda de que los parlamentarios vascos accedan al régimen General de la Seguridad Social en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, de tal forma que puedan cobrar el paro si se quedan sin trabajo. A día de hoy existe un acuerdo entre el Parlamento y la Seguridad Social por el que se da acceso a los representantes de los partidos a la sanidad gratuita y la cotización, pero no tienen derecho a cobrar el subsidio de desempleo.

El problema aquí radica en que para poder cambiar esa situación y equiparar a los parlamentarios vascos al resto de trabajadores es necesario cambiar la Ley General de la Seguridad Social, competencia del Estado. Por eso, en este caso es aún más necesaria la unanimidad, con el fin de que sea el Parlamento como institución quien reclame al Estado la reforma legal necesaria.