Vitoria. CRISIS. Nunca un puñado de letras dieron para tanto. Tres años después de que la bestia despertara en el corazón financiero del mundo, Wall Street, las cosas continúan hoy igual o peor que entonces. Y lo que resulta dramático, pocos indicadores atisban una leve mejoría a corto plazo. Los problemas, por desgracia, continúan ahí. El paro, con casi cinco millones de desempleados según la última EPA (Encuesta de Población Activa ), sigue desbocado; el sistema financiero, ardid del descalabro global, tiene asumido e interiorizado -que se lo pregunten al Banco Santander- que ni este año ni el que viene se abrirá el grifo a las pequeñas empresas y las familias. "A nadie nos gusta pero es imprescindible", avisó Alfredo Sáenz, su consejero delegado, hace unas semanas. Por si fuera poco, las ventas no remontan el vuelo, las cuentas de resultados de las empresas se desploman y los tipos de interés, para colmo, acaban de iniciar una escalada imparable de los precios con una incidencia extraordinaria sobre las hipotecas, que han subido de media unos 700 euros al año.

Así están las cosas. Y así se prevé que continúen hasta, por lo menos, comienzos de 2012, coinciden los principales organismos internacionales. Irremediablemente, las consecuencias no tardarán en llegar. Es sólo cuestión de tiempo. Aumentará el goteo de empresas que se declararán en quiebra, una tónica que provocará más desempleo, que a su vez desincentivará el consumo con la consiguiente e inevitable merma de la actividad económica de un país "al borde del precipicio", advertía recientemente el popular Cristóbal Montoro con altas dosis de demagogia política, según criticó el PSOE.

"Estamos mucho peor que a finales de 2010"

Alarmismos al margen, la realidad pinta oscura. Sin crecimiento económico por encima del 2% -umbral que se considera de referencia para la creación de empleo según los datos de los últimos 30 años- difícilmente España y Euskadi podrán superar la crisis. Por eso, con los datos en la mano, el final se presume lejano. Lo saben bien en la Cámara de Comercio de Bilbao o en la de Gipuzkoa. En sus últimos informes de coyuntura han rebajado sus previsiones del crecimiento del PIB para este año al 1,1%, cuatro décimas menos de lo que estima el Gobierno Vasco, que cerró el pasado año con una subida insuficiente de tres décimas para garantizar la remontada.

En el caso del Servicio de Estudios del BBVA, con mucho más recorrido estadístico, la estimación de crecimiento que realiza es dos décimas peor (0,9%), dilapidando las previsiones de creación de empleo lanzadas para el segundo semestre de este año. La solución al paro, por tanto, tendrá que esperar.

Álava y su economía no son ajenas a este escenario de incertidumbre. Lo reflejó con crudeza Juan Ugarte, el secretario general de SEA, cuando advirtió de que "estamos mucho peor que a finales de 2010". A juicio de la patronal alavesa, el miedo se ha apoderado del tejido empresarial alavés, temeroso ahora de que el frenazo económico de los últimos meses les obligue a protagonizar más cierres. Los datos no engañan. Según el último barómetro industrial de SEA -elaborado a partir de un sondeo entre 243 empresas que emplean a 13.000 trabajadores- en lo que va de año las ventas se han desplomado y las cuentas de resultados también han caído. Todo ello, insiste Ugarte, en un contexto de subidas de precios y aumento imparable de los tipos de interés. Ante semejante cuadro clínico, el diagnóstico no puede ser más desalentador: "El proceso de recuperación será largo, penoso y no exento de sobresaltos", se avisa desde la patronal.

¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo rebajar la tasa de desempleo? ¿De qué manera es posible estimular y diversificar la economía alavesa? Las soluciones pasan por la aplicación de tantas recetas como médicos quieran aplicarlas. Desde el plano empresarial, por ejemplo, las vacunas continúan ciñéndose a la necesidad de más reformas, es decir, más ajustes y recorte de derechos, a pesar de haber quedado acreditado que las acometidas hasta la fecha por el Gobierno español (laboral y pensiones) ni están sirviendo para crear empleo ni para reactivar la economía. En las últimas semanas, las peticiones de la patronal han ido un paso más allá, proponiendo los empresarios lo que recientemente calificó un alto cargo del Ejecutivo español como la "verdadera reforma laboral", esto es, la de la negociación colectiva. Una herramienta que cada año permite firmar en España más de 5.000 convenios colectivos que afectan a más de diez millones de trabajadores del sector privado, tres cuartas partes de todos los asalariados.

De esta polémica declaración de intenciones que pergeñó meses atrás la canciller alemana, Angela Merkel, han dado buena cuenta después las diferentes patronales del sector, entre ellas la alavesa. A través de su portavoz oficial, presentó recientemente un documento base con las acciones imprescindibles para regenerar el mercado laboral, paliar los efectos de la crisis y reducir los 17 puntos de diferencia en cuanto a competitividad que separan a las empresas alavesas de las europeas. En este recetario se incluían, entre otros, un aumento de la jornada laboral, un incremento de la flexibilidad en las empresas para adecuarse a las necesidades del mercado y, sobre todo, ligar los salarios a la productividad en lugar de hacerlo al tradicional IPC. "Trabajar más y mejor", resumió Ugarte.

La respuesta sindical fue tan enérgica como inmediata. Calificó la propuesta de "retrógrada" e "inaceptable" y exigió su inmediata retirada. Argumenta el colectivo hoy, con datos en la mano, que el conjunto de medidas "neoliberales" impuestas en los últimos meses no han detenido la hemorragia del desempleo -23.500 parados en Álava- ni han estimulado la actividad económica. Más bien todo lo contrario. "Están generando un polvorín social con peligrosas consecuencias", advirtió recientemente Unai Sordo, secretario general de CCOO en Euskadi.

En opinión de otro representante sindical, el clima de crispación social que vive estos días Grecia tras anunciarse más recortes para hacer frente al déficit del país -el rescate de 110.000 millones de euros que recibió de manos del FMI y la UE hace un año no ha sido suficiente- es un termómetro perfecto para calibrar lo que podría ocurrir en España.

En Álava, el mensaje es el mismo. Denuncian las centrales la visión cortoplacista y avariciosa de los empresarios, y matizan que la competitividad se mejora mediante inversión productiva, más I+D y una apuesta clara por la formación, "no estrangulando las condiciones para asiatizar el mercado laboral".

Los retos: más impuestos, fusión de cajas, reforma fiscal...

En esta espiral de crítica y desencuentro se enfrenta la compañía Álava S.A. a varios retos. El primero y más evidente, la recuperación del diálogo entre todos los agentes políticos y económicos. Si un acuerdo de bases en cualquiera de los frentes abiertos, va a resultar del todo imposible avanzar. A partir de ahí, el rosario de deberes es largo. El primero y más urgente, reducir el paro. ¿Cómo es posible que no baje si, supuestamente, mejora la economía, repuntan las exportaciones, el turismo o la producción industrial? "Para que se cree empleo -se asegura en el entorno de las patronales vascas- es necesaria cierta estabilidad en el crecimiento: ver que los pedidos se van reforzando, que las ventas aumentan y que la capacidad productiva supera un umbral cercano al 80%. Es entonces cuando comienza a producirse la creación de empleo". En opinión de Jesús Ferreiro, titular de Economía Aplicada de la UPV, el problema es otro: "La industria vasca está bien, pero no es suficiente; lo que tiene que tirar del carro son los servicios, que tienen un peso mucho mayor (25% del PIB) en Euskadi que la industria", advierte. Pero la situación es mala. El sector se encuentra en estos momentos anclado porque el consumo de las familias se ha desplomado. Es la pescadilla que se muerde la cola.

El segundo gran proyecto al que deberá incársele el diente sin demora tras el 22 de mayo será el de la reforma fiscal que dibuje el modelo tributario del futuro, es decir, los nuevos impuestos para las nuevas realidades. La cuestión no es baladí. Quien primero llamó la atención sobre ella fue el lehendakari López en febrero del pasado año, cuando proclamó: "No se pueden tener servicios suecos con impuestos africanos". Pidió entonces un debate "profundo" al respecto que resultó estéril en la arena política, ya que únicamente las tres haciendas vascas tienen la potestad de modificar el sistema de tributos en Euskadi, de subir o bajar el IRPF o de hacer lo propio con otros impuestos.

Aplazado el mismo hasta después de las elecciones -"es lo más sensato", acordó Xabier Agirre-, las posturas han cambiado poco desde entonces: el PNV se niega a tocar los impuestos, el PSE se mantiene en la necesidad de abrir ese debate "sereno" y "sin alarmismos", y el PP es partidario de bajarlos ahora que está en la oposición. El debate, en cualquier caso, no es nuevo, pero sí necesario en un contexto de caída de los ingresos y aumento de la población.

Los grandes retos: ¿subimos los impuestos?

Los deberes no acaban ahí, ni mucho menos. El resto de legislatura servirá para comprobar si la fontanería política concluye con éxito el proceso de integración de las tres cajas vascas, después de un espectáculo y una inacción bochornosos, y también para redibujar el modelo de negocio de las Cámaras de Comercio vascas una vez suprimida por parte del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la cuota cameral, un impuesto injusto y cuaternario que todas las empresas debían abonar de forma imperativa a estas entidades. La supresión de la citada cuota supondrá la pérdida de entre el 50% y el 60% de los ingresos anuales de las cámaras. Un varapalo mayúsculo que coloca a estas entidades ante una encrucijada extraordinaria.

Y quedará por ver en el medio plazo si prospera la Ley de Apoyo al Emprendimiento que impulsó el PP; si las aguas en el Parque Tecnológico de Álava vuelven a su cauce tras la "desagradable sorpresa" de compañías como Epsilon Euskadi -al borde de la quiebra por una "pésima" gestión que fue avalada por el PNV, criticó recientemente el actual consejero de Industria, Bernabé Unda-; si el aumento de los tipos de interés merma el crecimiento de la UE, el principal cliente de las empresas alavesas; o si la plataforma logística Arasur es capaz de superar la puñalada de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que apostó por Pancorbo (Burgos) para construir su ambicioso puerto seco antes que su vecina Álava.

Y a cortísimo plazo no habrá que perder de vista el futuro de Mercedes, en plena negociación de su nuevo convenio, el desarrollo del coche eléctrico -con especial incidencia en el Hiriko alavés-, la devolución inmediata a Madrid de los 435 millones del caso Rover, ni los resultados del 22-M, cuyo desenlace podría acelerar y profundizar en las reformas estructurales necesarias para el nuevo tablero laboral.