Vitoria. La pugna está servida. El Tribunal Constitucional deberá decidir antes de que el viernes comience la campaña electoral si Eusko Alkartasuna y Alternatiba han cometido un "fraude" al incorporar en las listas de Bildu a independientes "de izquierdas y soberanistas" a quienes se les vincula con organizaciones ilegalizadas.
Por ahora, la respuesta es que sí, después de que el domingo por la noche nueve magistrados de los dieciséis que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo abogaran por no permitir que ninguna lista de la coalición concurra el 22-M.
El resto, siete, se dividieron en dos. El juez José Manuel Sieira hiló fino con un voto particular en el que apostaba por vetar las planchas en las que no hubiera presencia de EA o Alternatiba. Al igual que para Sieira -para quien la postura mayoritaria "no resulta suficientemente" probada-, seis magistrados se opusieron a la tesis principal.
Y lo hicieron con contundencia. Para Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Luis Calvo Cabello, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Ramón Alarcón, "no es ETA quien ha impuesto su diseño a través de una disuelta Batasuna al conjunto de la Izquierda Abertzale".
Este grupo de magistrados va más allá: "Muy al contrario, es ésta la que a través de un proceso de maduración política y de discusión interna ha llegado a dar un giro copernicano desde su tradicional actitud subordinada a ETA [...] hacia un rechazo absoluto y sin ambages de la violencia como método de intervención política, apostando exclusivamente por los métodos democráticos". Como ya ocurriera en el caso Sortu, los firmantes del voto particular, que califican la confirmación de las impugnaciones como una "ilegalización transitoria", denuncian que ni los informes policiales ni, sobre todo, la tesis mayoritaria del tribunal entra a analizar los indicios y los contraindicios que hubiera que analizar.
"Gran Esfuerzo por lo evidente" Los recursos "se limitan a hacer un gran esfuerzo por demostrar la evidencia misma: que algunos de los dirigentes o líderes de la Izquierda Abertzale que han participado en la confección de canddiaturas tuvieron anteriormente relaciones de muy diversa índole con alguno o algunos de los partidos que hoy por hoy están ilegalizados, especialmente Batasuna". Este "gran esfuerzo -remachan los seis magistrados- es, en realidad, baldío", ya que "la ilegalización" no conlleva "la privación de los derechos de participación política a sus miembros", por lo que conservan el derecho de "promover la presencia de candidatos", "negociar el programa" o el orden de las listas.
Además, los magistrados ponen de relieve el "más de un centenar de errores en el análisis de las listas hecho por el fiscal", entre los que atribuye "la condición de miembro de ANV" al cabeza de lista de Bildu en Arraia-Maeztu cuando "ha sido repetidamente candidato de EA" o "pretender que el candidato número 4 al municipio de Legutio fue candidato de Itzarzu en 2003, cuando era menor de edad". Tal y como defendió el viernes pasado el secretario general de EA, Pello Urizar, y según recoge el voto particular, "en modo alguno puede atribuirse a ETA la paternidad de la idea de crear lo que ha terminado denominándose un polo soberanista en el País Vasco, sino que dicha paternidad corresponde por derecho propio a EA".
Esta no es, sin embargo, la única alusión a la formación que lidera Pello Urizar. Estos seis magistrados del Supremo recuerdan un momento especialmente significativo en las relaciones entre EA y la izquierda abertzale: cuando el en abril de 2003 portavoz parlamentario de los primeros, Rafa Larreina, ofreció a Arnaldo Otegi concurrir en coalición a las siguientes municipales (las de mayo) "si estamos dispuestos a firmar los dos conjuntamente que es inadmisible cualquier violación de derechos humanos en general y en concreto, y que no admitimos interferencia en la voluntad de la sociedad vasca, ni de ETA ni de Aznar".
Estos seis jueces de la Sala del 61 recuerdan que ya en 2003 se habló de la posible coalición, "con toda solemnidad" en el Parlamento, de manera "clara y explícita" y subordinado a esa firma conjunta en términos definidos con nitidez.
"Fraudulento" La mayoría de magistrados, en cambio, no asume estas posiciones y se decanta por el diagnóstico de la Fiscalía y la Abogacía sobre las 254 listas de Bildu. De hecho, y en una clara advertencia a EA y Alternatiba, la sentencia señala que se han "erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización" de Batasuna y les invita a "cargar con las consecuencias" de su "errónea" decisión.
El texto que Bildu debe recurrir antes de mañana cita los distintos documentos que se han incautado a ETA y que, según estos nueve magistrados, justificarían los fines de la coalición electoral.
En cuanto al proceso de las agrupaciones electorales, el Supremo dio luz verde a 10 de 19: Erlain, Cendea de Olza, Ezkabarte, Gallues, Ollo, Valle de Yerri, Imotz, Iguzkiza, Etxalar (en Navarra) y Ubide, la última, en Bizkaia.