Madrid. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra los tres magistrados de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro, contra los que solicita la aplicación de medidas disciplinarias por considerar que han incurrido en una falta muy grave de incumplimiento de sus deberes judiciales al poner en libertad al preso de ETA Antonio Troitiño.

En el escrito de la denuncia, el sindicato de funcionarios señala que los tres magistrados habrían incurrido con su actuación en una falta muy grave prevista en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”, aunque también consideran evidente que se ha producido “negligencia e imprudencia grave”, así como “una vulneración del principio de seguridad jurídica”.

Sobre este último aspecto, el escrito de Manos Limpias critica que el tribunal rectificara su decisión de excarcelar al ex integrante del comando Madrid tan solo seis días después de dejarle en libertad, lo que a su juicio produce la certeza de que en un Estado de Derecho este principio básico “ha sido transgredido presuntamente por aquellos que deben ser los máximos garantes del ordenamiento jurídico”. El escrito también alude al presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien, según Manos Limpias, tenía la obligación de haber establecido un criterio uniforme para computar la prisión preventiva antes de la excarcelación de Troitiño, “y no solucionar el problema una vez causados los hechos”. Se refiere el sindicato al hecho de que el pleno para estudiar el recurso que presentó la Fiscalía contra la excarcelación se fijara en principio para ayer, si bien “dada la gravedad de los hechos” se decidió posteriormente que fuera la propia Sección Tercera la que resolviera la cuestión la semana pasada, acordando revocar la libertad del exintegrante de la organización armada.

“Debemos descartar que el estado de alarma social, la presión e indignación de las víctimas y la confrontación política hicieron al tribunal dictar otra resolución totalmente distinta, pues hubieran cometido prevaricación, al doblegarse a tales presiones en donde se pondría además en entredicho la independencia judicial”, añade el escrito que el sindicato ha presentado ante el CGPJ. Si la providencia de excarcelación era legal, según señaló el propio presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, “¿Por qué seis días después se rectifica y revoca? La respuesta es obvia, porque no era legal”, afirma el sindicato de funcionarios.

Investigación interna El presidente de la Audiencia Nacional, por su parte, ha archivado la investigación interna que abrió la semana pasada en este tribunal. Ángel Juanes intentaba esclarecer la decisión judicial adoptada por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y los magistrados Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro, aunque lo ha archivado sin ordenar ningún tipo de diligencia.