BILBAO. El abogado sudafricano Brian Currin, impulsor de la Declaración de Bruselas, se reunirá la próxima semana con los cinco integrantes del Grupo Internacional de Contacto (GIC) con el fin de analizar la decisión del Tribunal Supremo de impedir la inscripción de Sortu como partido político, así como el comunicado de este domingo de ETA, en el que propone una verificación internacional "no formal" de su alto el fuego ante "el veto estatal" a "una comisión oficial", según han informado fuentes cercanas a los mediadores internacionales.
Los últimos acontecimientos ocurridos en el País Vasco en torno a la nueva marca de la izquierda abertzale, Sortu, y la declaración de ETA, han llevado a Currin y a los cinco miembros del GIC, Silvia Casale, Alberto Spektorowski, Nuala O'Loan, Raymond Kendall y Pierre Hazan, a adoptar la decisión de reunirse, fuera de Euskadi, para analizar estas cuestiones.
Estos expertos en resolución de conflictos estuvieron durante los días 14 y 15 del pasado mes de febrero en Bilbao, después de que el 7 de ese mismo mes, una semana antes, la izquierda abertzale, a través de Rufi Etxeberria, rechazara "la violencia de ETA" en un acto celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que el abogado Iñigo Iruin presentó los estatutos de Sortu, que, a su juicio, cumplía con todos los requisitos establecidos en la Ley de Partidos. Además, el 10 de enero, ETA había decretado "un alto el fuego permanente, general y verificable".
En la visita a la capital vizcaina del Grupo Internacional de Contacto (GIC), durante la que se presentó a los miembros de este colectivo, de reconocido prestigio internacional en resolución de conflictos, éstos percibieron "una oportunidad" para lograr la paz y se mostraron convencidos de que había que "aprovecharla".
Por ello, decidieron "intensificar" sus trabajos al haber "detectado" posibilidades para encauzar la situación actual hacia una paz definitiva, desde el convencimiento de que, con su amplia experiencia en otros conflictos internacionales, podrían "ayudar" a que el proceso se cierre "cuanto antes" en el País Vasco.
El Grupo Internacional de Contacto se marcaba como uno de sus principales objetivos "hacer posible" la legalización de la izquierda abertzale, además de lograr que se generara "una confianza" en el proceso y facilitar "la mediación ante situaciones de bloqueo", si así se lo solicitan.
Por ello, han decidido reunirse después de que la Sala del 61 del Tribunal Supremo haya resuelto evitar la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, lo que podría conducir a que la nueva marca de la izquierda abertzale no se pudiera presentar en los próximos comicios del 22 de mayo, a la espera de lo que pueda ocurrir con la interposición de un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, los expertos en resolución de conflicto que componen el GIC debatirán también sobre el nuevo comunicado de ETA, en el que se muestra dispuesta a una verificación "no formal" del alto el fuego que decretó el 10 de enero, con el fin de superar "el veto" de los estados español y francés a "una comisión oficial" que lo haga.
En su texto, la banda armada insiste en su "compromiso para alimentar y llevar a buen puerto la resolución democrática" del conflicto, con el fin de poder lograr "la libertad y la paz para Euskal Herria". Además, hace un llamamiento a las fuerzas políticas, sociales y sindicales vascas, y en conjunto, a toda la ciudadanía, para que "aúnen fuerzas, adopten compromisos y den nuevos pasos por la libertad y contra la represión".