Sevilla. El proceso por el escándalo de corrupción de los ERE (expedientes de regulación de empleo) sigue su curso. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha detectado 72 personas "ajenas" que habrían defraudado nueve millones de euros y otras 111 que presentan "discordancias administrativas" al cierre de la investigación interna sobre las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos destinados a financiar las pólizas de trabajadores de empresas en las que se han llevado a cabo ERE. Así lo avanzó ayer el titular de este departamento, Manuel Recio, que destacó que la investigación ha afectado a 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía, de los que 5.799 el 96,94%, "no presentan ningún tipo de irregularidad", y a 68 empresas investigadas, de las que 24 presentaban trabajadores "ajenos" y en 18 había "discordancias administrativas".

El consejero precisó que estos datos se obtienen cuando se ha completado el cien por cien del trabajo de los diez grupos de investigación de funcionarios sobre los diez últimos años de expedientes de regulación vivos de la Consejería, donde se apunta que 72 personas son ajenas a las empresas en las que aparecían incluidas en los ERE, el 1,20% del total, y 111 trabajadores, el 1,86%, presenta discordancias administrativas, es decir, que habían trabajado en las empresas pero "donde se han hallado algún tipo de cuestión de carácter administrativo, que debe ser aclarada y subsanada, esto es, hay dudas sobre plazos o requisitos, entre otras cuestiones". En total son 183 trabajadores afectados por alguna irregularidad.

Asimismo, agregó que el total de lo que se ha percibido hasta la fecha por los llamados "ajenos" es de nueve millones de euros, el 1,39% del total, de manera que, a su juicio, es "absolutamente mentira" las acusaciones del PP, "que decía que más de 600 millones de euros que hemos destinado en los diez últimos años a la política sociolaboral han estado mal utilizado", ya que, en su opinión, el resultado de la investigación "deja bien claro que sólo no podemos corroborar en el 1% de los casos el hecho de que haya personas que no estuvieran trabajando en una empresa y finalmente hayan recibido una póliza".

Recio criticó también la actitud del PP al "poner en duda la política sociolaboral de la Junta en los diez últimos años y además incluso el PP pedía la nulidad de todos los procedimientos que se han llevado acabo, intranquilizando a los trabajadores que se han acogido a esas ayudas, aunque después intentó llamar a la calma de los trabajadores".

La juez que investiga el caso ha reprochado a la Junta su "falta de colaboración" para entregar los documentos pedidos y su pasividad ante el "incumplimiento flagrante" de la normativa y el "menoscabo de fondos públicos" que causaba.