vitoria. La Comisión de investigación de las Juntas Generales alavesas sobre el caso Zambrana aprobó ayer un dictamen de conclusiones que achaca a la Diputación responsabilidades políticas en la operación por la que se trató de recalificar 1,2 millones de metros cuadrados en la localidad alavesa para levantar un polígono industrial. Sin embargo, el texto no aprecia delito en la actuación de los responsables forales, que defendieron la operación contra el criterio de los técnicos del Gobierno Vasco.
El dictamen, aprobado tras una maratoniana jornada de deliberaciones, fue respaldado por todos los grupos salvo el PNV, que sólo pudo ver aprobada una parte de sus enmiendas. No lograron los jeltzales que se eliminaran las referencias a la pertenencia al PNV y al Araba Buru Batzar de parte de los implicados en la operación, que en su opinión perseguía el perjuicio político de los nacionalistas y que incluyó en el borrador inicial el presidente de la Comisión, el popular Javier Ruiz de Arbulo.
El documento, que se aprobará en Pleno el próximo viernes, que exige a la Diputación informar de cualquier operación urbanística, y que condiciona estas a la opinión de los técnicos, será remitido al Parlamento. La Comisión que en la Cámara autonómica investiga la totalidad del caso Miñano solicitó los datos recabados por el Legislativo alavés.
El texto aprobado ayer detecta "graves irregularidades con consecuencias políticas evidentes" en la actuación de la Diputación, que según la procuradora del PSE Cristina González "no estaba avalada por ningún técnico". González incidió en la existencia de una "presunta trama cuyo nexo común es el PNV".
La vinculación que establece el dictamen entre la operación de Zambrana y los nacionalistas, a dos meses de las elecciones, ha generado malestar en los jeltzales, que sin embargo ayer estaban "moderadamente satisfechos" con el resultado de la Comisión, según el juntero Ramiro González. "Han creado esta Comisión para tratar de poner sombras en torno a la Diputación Foral de Álava", afirmó.
