si el modelo de Estado supone un debate recurrente, el del modelo de Euskadi que está por construir no lo es en absoluto menos, y en él además se abre un doble plano: el de la necesidad o no de revisar el marco autonómico y la relación del País Vasco con el Estado, y el de hacer lo propio con el funcionamiento interno del país revisando las relaciones entre las distintas instituciones y el ámbito competencial de cada una.
La reforma del Estatuto de Gernika fue uno de los principales caballos de batalla del Gobierno tripartito que lideró Juan José Ibarretxe con el apoyo de EA y EB. Con él pretendía lograr un nuevo pacto con el Estado basado en la bilateralidad de las relaciones para acabar así hablando ambas partes de tú a tú con el pulso en que se ha convertido la transferencia de las competencias pendientes del texto estatutario que se aprobó hace ya más de tres décadas. Después, el PSE de Patxi López lo incluyó en su programa electoral y, a pesar de que éste se convertiría luego en su programa de gobierno, el Parlamento Vasco espera aún celebrar este debate, aunque el cierre de filas de la mayoría que suman actualmente PP y PSE lo hace casi inviable.
el marco de autogobierno
De la "obsesión" de Ibarretxe a la "parálisis" de López
El acuerdo que vinculó la acción de PP y PSE a cambio de que Patxi López se convirtiera en lehendakari aborda la cuestión estatutaria acortando la cintura que ambas formaciones pudieran tener por separado sobre esta delicada cuestión. Como recuerda Leopoldo Barreda, "las bases para el cambio hablan de desarrollo del autogobierno, y en eso estamos". Sin embargo, al abordar la posible reforma del Estatuto, su respuesta es clara "no creo que haya ninguna necesidad de embarcarnos en una historia de ese pelo".
José Antonio Pastor trata de buscar su espacio ante este debate a caballo entre la defensa de la vigencia de su promesa electoral y el compromiso que su partido mantiene con el PP sobre esta cuestión. "Vamos a ver, a mí me gustaría que se llevara a cabo, es una promesa del PSE, pero esto no es modificar una ley cualquiera por lo que no se puede abordar sin lograr al menos el mismo consenso que logró el actual Estatuto. Quizá, en un horizonte cercano de desaparición de ETA y tranquilizada la vida política vasca pueda llegar el momento de hablar de temas hasta ahora contaminados por la violencia. Pero para actualizar el marco actual, no para plantear uno nuevo y cuestionar la relación entre Euskadi y el Estado como planteó Ibarretxe", afirma.
UPyD cree que el debate es necesario y Maneiro se conjura para tratar de que López lo abra, pero para plantear abiertamente la reducción del autogobierno y la devolución al Estado de ciertas competencias.
Pero para Egibar, estos discursos denotan que "no hay recorrido posible" para plantear esta cuestión, al menos durante esta legislatura. "No tienen intención de hacer nada, y si lo hacen sería para recortar el autogobierno, porque siguen teniendo latente la vena centralista"; una apreciación que comparten con matices EA, EB y Aralar que, ante esta situación, apuesta por "buscar un suelo común" entre los partidos que aún defienden una reforma que pivote sobre "el derecho a decidir pacífica y democráticamente".
En todo caso, estos partidos advierten de que, como "no se pueden poner puertas al campo", el debate renacerá la próxima legislatura.
las lindes competenciales
Acabar con la ventanilla doble, ¿acabar con las diputaciones?
De puertas adentro, la reforma de la administración desemboca en la reforma eternamente pendiente de la Ley de Territorios Históricos.
Los grupos coinciden en que la crisis obliga a evitar que se dupliquen los servicios prestados, lo que lleva a UPyD a pedir la supresión de las diputaciones como planteó Felipe González. Sin embargo, el resto del arco parlamentario rechaza esta idea y aboga por otras vías que pasan por "racionalizar" el gasto público.
El PNV es el más reacio a modificar la LTH porque, a su juicio, "la madurez institucional de Euskadi ha creado un buen reparto competencial". Para Aralar, la situación sólo exigiría que cada administración "se ocupe de las competencias que le corresponden" sin invadir las ajenas, una idea que comparte EB.
PSE, PP y EA coinciden en que la reforma es necesaria para cerrar las "disputas interterritoriales", lo que cierra el retrato de un debate peliagudo que, junto con el que debe fijar las competencias de los Ayuntamientos como tercera pata del organigrama institucional vasco, aún esperan ser abordados.
