vitoria. Las posiciones oficiales apenas se han movido desde que los impulsores de Sortu pidieron su inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior hace ya dos semanas, y la "cautela" y el "escepticismo" marcan aún los principales discursos. Sin embargo, en algunos se empiezan a intuir ya matices que pueden ser representativos de una mar de fondo latente.
Siguiendo los tímidos pasos apuntados por Patxi López, el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, declaró ayer ante los micrófonos de Radio Euskadi que, a pesar del "escepticismo" -fruto de procesos anteriores frustrados-, "tampoco se puede cerrar la puerta a la posibilidad de que esta vez vaya en serio".
Según señaló, el hecho de que Sortu esté en las próximas elecciones sería "una buena noticia" porque supondría que ha "pasado el filtro de los tribunales y ha cumplido con todas las exigencias democráticas"; algo que, según afirmó en consecuencia, "nos acercará mucho más a la paz". Pero, en cualquier caso, defendió que la decisión sobre la legalidad de la nueva marca haya sido puesta en manos de la Justicia ya que, según aseguró, el del Tribunal Supremo es "mucho más aval" que la resolución que pueda dictar un Ejecutivo.
Implicación del gobierno Precisamente sobre el papel que puede interpretar el Gobierno, el Partido Popular insistió en subrayar que ahora que "están haciendo como que se mueven" es cuando el Estado debe ser más firme y cerrar todas las puertas con la "máxima diligencia", como apuntaron Antonio Basagoiti y María Dolores de Cospedal. Sin embargo, el secretario general de EA, Peio Urizar, defiende que los Ejecutivos sí tienen pasos por dar. Según anunció EA en una nota publicada para dar cuenta de lo hablado entre Urizar y López en la reunión que ambos han mantenido dentro de la ronda de contactos impulsada por el lehendakari", Urizar le pidió que propicie "la oportunidad real" que existe para solucionar el conflicto vasco. Y para hacerlo, le invitó a que "active" los principios recogidos en el Acuerdo de Gernika, ya que, a su juicio, "tanto el Gobierno Vasco como el español tienen que implicarse activamente en el proceso de resolución del conflicto" desde parámetros de reconciliación y no de venganza.
