BILBAO. Los firmantes del Acuerdo de Gernika -una treintena de organizaciones políticas, sociales y sindicales vascas, entre las que se encuentran la izquierda abertzale, EA, Alternatiba, Aralar y Abertzaleen Batasuna (AB)- han decidido iniciar contactos con el colectivo de presos políticos vascos, EPPK.
El 'Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas' se suscribió el 25 de septiembre de 2010 en un acto celebrado en la localidad vizcaina de Gernika y se presentó ante "la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas".
Los colectivos que firmaron el pacto se comprometieron a trabajar por "asentar una situación de no violencia con garantías" y a lograr "un estadio de normalización política", en el que se planteaban como necesidad, entre otras cuestiones, la de los presos de ETA.
RECHAZO A LA DISPERSIÓN
Las organizaciones del Acuerdo de Gernika reclaman, en este sentido, al Gobierno "el traslado de los presos a Euskal Herria", con lo que concluiría "la práctica de la dispersión", la liberación de los reclusos con graves enfermedades, la concesión de libertades provisionales a todos los reclusos preventivos pendientes de juicio en prisión, y a los penados que hayan cumplido los requisitos legales.
Otras de sus peticiones son la aplicación "sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos", la derogación de la legislación "que impone 40 años de condena", la revisión de los procesos judiciales "contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política" y la desaparición de la incomunicación.
NUEVA INICIATIVA DEL EPPK
En coherencia con el trabajo que desarrollan los firmantes del pacto, éstos han decidido contactar con el denominado 'Colectivo de Presos Políticos Vascos', EPPK. Los representantes del acuerdo comparecerán este viernes en una rueda de prensa en un hotel de Donostia a las 11.30 horas, para dar a conocer su iniciativa.
Precisamente, este pasado martes, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), auspiciado por el abogado sudafricano y experto en mediación de conflicto, pidió en Bilbao la revisión la Ley antiterrorista y la política penitenciaria, de manera que se proceda al traslado de los presos cerca de sus familias y se libere a los que están enfermos graves, además de solicitar la legalización de Sortu.
