Expertos juristas censuran las exigencias políticas que zancadillean la legalización

Éstas son algunas de las relevantes advertencias que ayer hicieron algunos de los principales juristas del Estado al analizar las exigencias que dibujarán el filtro por el que la Fiscalía primero, y el Tribunal Supremo en última instancia, analizarán la legalización de esta nueva marca de la izquierda abertzale.

Tras conocer la letra de los estatutos que Sortu presentará hoy ante el Ministerio del Interior, y en un momento en el que algunos sectores políticos -en especial los aledaños al PP- tratan de elevar con sus declaraciones el listón de la exigencia que marca la Ley de Partidos, los ojos de la opinión pública se volvieron ayer hacia la judicatura en busca de respuestas que aclaren el futuro. Y a esta llamada respondieron nombres tan destacados como los del Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, o el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, a los que este diario quiso ayer sumar las opiniones del portavoz de la organización de jueces mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, y la de los principales expertos juristas de la órbita del Partido Nacionalista Vasco.

exigencias "políticas" Todos coinciden en que el camino que se abrirá tras la visita que hoy cursarán al Ministerio del Interior los representantes de este sector es largo y que la prudencia democrática obliga a transitarlo con cautela y respetando los tiempos y las decisiones de cada órgano competente. Pero, en su mayoría, también coinciden en que muchas de las exigencias que se están planteando de cara a la legalización de Sortu provienen de la lógica "política", pero deberían ser totalmente "irrelevantes jurídicamente" con la ley en la mano.

Diversos representantes políticos vienen planteando en las últimas horas que esta nueva formación aún tiene pendiente hacer una "condena" del "pasado" de dolor causado por ETA para poder ser legal.

En este sentido, Calparsoro lo tiene claro y así lo explicó ante los micrófonos de Radio Euskadi: la Ley de Partidos no exige la palabra "condena", y rechazar "el pasado es una exigencia política", no jurídica, ya que esta ley no hace ninguna "referencia expresa y concreta al pasado de la organización terrorista".

"credibilidad" de la nueva marca A priori, todos coinciden en la escrupulosa legalidad de los estatutos preparados de la mano de Iñigo Iruin. "Son intachables; van mucho más allá de lo que se puede exigir", dijo ayer Pérez Royo. "No se puede cumplir mejor con la ley. Los estatutos de cualquier partido tendrían más problemas para pasar este filtro que los de Sortu", apuntaron fuentes del PNV. "Estoy seguro de que cumplen las exigencias legales", reconoció también Llarena. el portavoz de la asociación de jueces conservadores.

Sin embargo, quienes plantean la condena del pasado del MLNV lo hacen introduciendo un concepto que ha calado; el que lo sitúa como la prueba que demostraría la sinceridad de la nueva apuesta de la izquierda abertzale alimentando su credibilidad. Y ante este planteamiento, los juristas amplían el abanico de los matices y sus diferencias.

Para Pérez Royo, "de ninguna de las maneras se puede hacer un juicio de intenciones y decir no me fío" porque, si bien es comprensible que se hagan ese tipo de declarciones desde el punto de vista político, es un argumento que debería ser "jurídicamente irrelevante"; una opinión que comparten los juristas jeltzales.

En cambio, para la portavoz del CGPJ, "es comprensible la desconfianza que genera esto", ya que "no podemos olvidar casi 50 años de actuación terrible de un grupo terrorista, donde la izquierda abertzale se configuró como su brazo político". Eso sí, sin perder de vista la "cautela" ya que el que ha dado Sortu es efectivamente "un paso" que completa al dado por ETA en su última declaración. "Si se va a crear un nuevo partido por este sector político deben, no sólo cumplir estrictamente con la legislación de partidos, sino que tenga credibilidad", subrayó Calparsoro alegando que, si bien "las manifestaciones" del Euskalduna "fueron muy claras", la historia "es la que es". "El juicio de intenciones no es algo superfluo", remataba Llarena, ya que, de hecho, será lo que, además de los informes policiales, motivará la intervención de Interior.

posibles desenlaces En este punto, los juristas llegan al proceso que debe seguir esta legalización. Después de que Rubalcaba confirmara que trasladará los estatutos a la Fiscalía General del Estado para su estudio se da por sentado que ésta a su vez dejará la decisión en manos del Supremo. Pero no todos coinciden al respecto.

Para Llarena, el Gobierno deberá llevar a cabo una investigación "rigurosa" que proporcione al alto tribunal pruebas de la ilegalidad de Sortu, aunque advierte de que si la que realiza es "superflua o cosmética", facilitará su legalización.

Aquí lo político se mezcla con lo juríco, por cuanto la actuación de la Fiscalía parece directamente ligada a la actitud que muestre Interior. Sin embargo, esto sería una aberración para Pérez Royo, Calparsoro y los juristas jeltzales, que coinciden en subrayar que la Fiscalía debería tomar "una decisión autónomamente" y al margen de lo postura que pueda adoptar el Gobierno.

Por último, en los análisis de estos juristas aparece un elemento clave, el que determinará la legalidad o no de la nueva formación según si se considera una "continuación" de las ya ilegalizadas o no. Según subrayan el catedrático Pérez Royo y los juristas del PNV, el hecho de que las personas coincidan no tiene valor legal, ya que éstas no tienen restringidos sus derechos fundamentales, como es el de la participación política. Calparsoro coincide y, si bien admite este indicador de "continuidad", subraya que, sobre ésta, prima la "discontinuidad" que implica que "han cambiado en un elemento que era clave, la violencia, que ahora expresamente se rechaza".

Coincidencias y matices todos que dan una idea del debate que se reproducirá en la Sala 61 del Tribunal Supremo antes de que Sortu conozca su definitivo futuro legal.