Los rostros de satisfacción de la cúpula dirigente de la izquierda abertzale histórica esconden la amargura de saber que, a corto plazo -osea de aquí al 22 de mayo-, el paso de ayer en el Euskalduna no va a dar frutos tangibles. Los dirigentes de la antigua Batasuna tienen asumido que no van a llegar a las próximas elecciones municipales y forales. Lo dicen por lo bajo, casi a hurtadillas, en las conversaciones privadas, lejos de los micrófonos. Dan por hecho que el Gobierno español, vía Ministerio Fiscal (fiscal general del Estado o Abogacía del Estado), impugnará la inscripción del nuevo partido cuyo nombre y logotipo darán a conocer hoy en rueda de prensa en la capital vizcaína.
Su pesimismo está justificado. El Gobierno español está decidido a impedir la presencia en las urnas de la izquierda abertzale ilegalizada. La decisión sobrepasa los límites del razonamiento jurídico. Si ésta fuera la razón, los estatutos ayer explicados por Iñigo Iruin son impolutos ante la Ley de Partidos, homologables a los de cualquier otra formación política, también en lo referente al espinoso asunto del rechazo a la violencia de ETA.
Pero la realidad es otra: el Ejecutivo español quiere hacer pasar al mundo de Batasuna por la prueba del nueve para medir su compromiso en exclusiva por las vías políticas, incluso después de una eventual ilegalización de cara a las próximas elecciones.
En Moncloa consideran que, dado que la izquierda abertzale oficial lleva casi tres décadas apoyando a ETA, la opinión pública necesita para contrastar su voluntad de romper con la violencia. En opinión de los socialistas, de aquí a las elecciones no hay tiempo para confirmar si esa voluntad es real y se mantendrá en el tiempo o si es algo coyuntural. Así las cosas, el círculo más próximo a Zapatero considera improbable, si no imposible, que puedan concurrir a los comicios, decisión que, en cualquier caso, será adoptada por los tribunales.
CALENDARIO ELECTORAL El mundo de Batasuna puede encontrar diferentes aliados en el camino de la legalización, principalmente entre los firmantes del Acuerdo de Gernika y también entre el PNV y Ezker Batua. Pero es el tiempo -amén del Gobierno español, el PSOE y el PP- el que no corre a su favor. Los plazos del calendario electoral son demasiado estrechos si, como parece, los servicios jurídicos del Estado español deciden, a impulso del Gobierno, actuar contra el nuevo partido que la izquierda abertzale oficial inscribirá el miércoles en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior.
Tras el registro, el Ministerio del Interior dispondrá de 20 días para proceder a practicar la inscripción del partido. Si de la documentación presentada se deducen indicios de fraude de ley, lo notificará a la Fiscalía o la Abogacía, que en un plazo de otros 20 días podrá devolver la solicitud de registro de una formación que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto.
A partir de aquí, la partida se jugará en el Tribunal Supremo, en concreto en la Sala del 61, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Partidos. Los magistrados se ceñirán a su artículo 12.3 que establece como pauta para determinar la sucesión de un partido la "similitud sustancial de ambos partidos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que lo componen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales".
plazos No es la cuarentena que clama el presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, pero sí son cuarenta los días que se consumirán antes de que la demanda llegue al alto tribunal. Prácticamente final de marzo. A dos meses vista de la fecha electoral. La experiencia demuestra que las deliberaciones del Supremo llevan su tiempo. Incluso en el supuesto de que la Sala no declare fraudulento el nuevo partido, el calendario electoral no da margen y aboca la iniciativa a otros objetivos que no pasen por concurrir en los comicios de mayo.
Fuentes de la izquierda abertzale oficial insisten que su apuesta trasciende el actual momento político y electoral y tiene una perspectiva más a medio plazo. De ser así, superaría la prueba impuesta por el Gobierno y deja abierta la puerta a todo tipo de conjeturas de cara a las siguientes elecciones generales (2012) o autonómicas (2013). Solo un regreso de ETA, o de una escisión, (posibilidad no contemplada por los dirigentes de Batasuna) pondría en peligro esa estrategia.
Pero mientras la legalización del nuevo partido se pierde en el túnel del tiempo en los tribunales, la locomotora electoral de Batasuna circula ya a todo tren cargando en su vagón sus dos alternativas para estar en las papeletas electorales el 22 de mayo.
