MADRID. El PP volverá a intentar acorralar al Gobierno por el caso Faisán en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, en la que tres ministros deberán responder al principal partido de la oposición, que exige que se depuren responsabilidades políticas. Los populares ponen en el centro de la diana al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se realizaron llamadas al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado por el supuesto chivatazo que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión.
Uno tras otro, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el de Presidencia, Ramón Jaúregui; y el titular de Justicia, Francisco Caamaño, tendrán que responder a los diputados del PP. Rubalcaba deberá ofrecer su opinión sobre el informe policial sobre las investigaciones iniciales del caso Faisán, después de que no considerara relevante "el número de teléfono utilizado por el secretario de Estado de Seguridad", al que es previsible que defienda a capa y espada.
Al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por su parte, los populares le cuestionarán sobre si la nueva situación administrativa del secretario de Estado de Seguridad tiene algo que ver con la reactivación del caso. Y es que los responsables del PP no descartan que ese cambio de estatus de Camacho tenga relación con la evolución de las investigaciones estos últimos meses.
Asimismo, el juez Ruz interrogará mañana a cinco mandos policiales. Los primeros en prestar declaración como testigos serán el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de Donostia y la jefa de la Sección de Análisis de este departamento, que ya han declarado en la causa, y que ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos investigados.
