donostia. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, anunció ayer que el Grupo de Contacto Internacional impulsado por el mediador sudafricano Brian Currin con el objeto de verificar la autenticidad del último alto el fuego decretado por ETA ya está constituido y cursará su primera visita al País Vasco en aproximadamente dos semanas cuando, según explicó, "presentará exactamente, teniendo en cuenta la función y el mandato con la que se constituyó este grupo, cuáles serán los primeros pasos para tratar de impulsar el que pueda haber un proceso de paz irreversible" en Euskadi.

Ríos hizo este anuncio en una rueda de prensa en la que Lokarri presentó un informe extraordinario acerca de la opinión de la ciudadanía vasca sobre el alto el fuego conocido el pasado 10 de enero. Según el estudio, la sociedad vasca mantiene una "esperanza realista" de que el último comunicado de ETA resulte "el paso necesario hacia el fin definitivo e irreversible de la violencia" y pide al Gobierno central que contribuya a ello dando pasos como la legalización del sector de la izquierda abertzale que sigue ilegalizado y colaborar "activamente" en la verificación del alto el fuego.

Éstas son algunas de las conclusiones que recoge el Informe Extraordinario del Observatorio Social del Proceso de Paz, para el que la red ciudadana pacifista ha recabado la opinión directa de 1.382 personas que han respondido a un breve cuestionario en el que se preguntaba sobre aspectos directamente relacionados con la declaración de alto el fuego.

VERIFICACIóN Precisamente esta posibilidad de que se produzca la verificación internacional a la que abrió la puerta ETA en su último alto el fuego en respuesta a las propuestas de la Declaración de Bruselas -avalada por varios premios nobel- y el Acuerdo de Gernika, es considerada por los encuestados como un elemento "importante" que puede contribuir a la irreversibilidad del camino hacia la paz, si bien añaden que aún existen cuestiones referentes a cómo debe ser realizada que todavía necesitan ser clarificadas. Finalmente, apuntan también que la comunidad internacional podría hacer una "importante labor para promover que el Gobierno garantice todos los derechos humanos".