vitoria. Los parlamentarios vascos se sentarán a partir del próximo día 9 a discutir qué retribuciones deben percibir los cargos públicos de la CAV una vez alcanzan la edad de jubilación. En pleno debate sobre el endurecimiento de las condiciones para cobrar la pensión entre el común de los ciudadanos, los parlamentarios abordarán la espinosa cuestión de establecer un retiro justo para lehendakaris, consejeros, diputados, alcaldes y para los propios miembros de la Cámara Vasca. Los primeros esbozos del futuro Estatuto del Político Vasco no se detendrán ahí. El Parlamento abordará la regulación de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, dietas o vehículos, tanto de los altos cargos de la Administración como de los de las sociedades públicas, basándose en el exhaustivo informe que solicitaron al Gobierno Vasco y sobre el que empezarán a trabajar de inmediato.
Para el lehendakari, sus consejeros y viceconsejeros, la Ley de Gobierno de 1981 establece que cobrarán un 50% de su sueldo total -alrededor de 100.000 euros anuales- a partir de los 65 años, siempre que hayan ejercido el cargo al menos durante dos años. El artículo 38 de la Ley que establecía las jubilaciones de los miembros del Ejecutivo Vasco ha ido beneficiando cada vez a más personas, y a día de hoy son más de 75 los exaltos cargos del Gobierno que perciben una pensión de la Administración.
En el caso de los parlamentarios vascos, su situación está ahora mismo un tanto indefinida, a falta de que la ponencia sobre el Estatuto del Político Vasco empiece a proponer sus medidas a partir del 9 de febrero. En 2002, PSE, PP y PNV consensuaron establecer una provisión complementaria para garantizar el 100% de la pensión a los parlamentarios que hubieran ejercido como tales al menos durante cuatro años en dos legislaturas, pero la fuerte contestación sindical, social e incluso de otros políticos les hizo dar marcha atrás. A día de hoy los miembros del Parlamento Vasco cotizan como un trabajador normal y corriente, aunque sin derecho a paro, mientras que en el Congreso de los Diputados y en el Senado sus señorías blindaron sus jubilaciones en 2006 con una reforma de su Reglamento que les garantiza una vejez sin ahogos.
derecho al paro El diputado que lo haya sido durante siete años en dos mandatos percibirá el 80% de su sueldo, el que haya ocupado su escaño entre nueve y once años cobrará el 90% y el que sobrepase ese límite temporal se jubilará con el sueldo íntegro. Con esos años trabajados, un afiliado común a la Seguridad Social no tendría derecho a pensión alguna, pues el mínimo establecido es de 15 años, aunque en realidad, los políticos no cobran más de la Seguridad Social, pues son las respectivas administraciones las que se encargan de abonar la diferencia entre lo que les corresponde desde el punto de vista estrictamente laboral, y lo que fija cada cámara como compensación para sus representantes.
La socialista Joana Madrigal, que ha convocado la ponencia para el día 9, aboga por conocer en detalle cómo se regulan las comunidades cercanas y la Administración central, y a partir de ahí realizar unas propuestas al Gobierno Vasco "con el mayor grado de consenso posible. Se puede entender que lo del Congreso es un privilegio --explica-, pero tampoco tiene mucho sentido lo que ocurre en el Parlamento Vasco, donde puedes estar 15 o 20 años trabajando, tu partido decide no volver a ponerte y no tienes derecho ni al paro".
El debate no es sencillo, y más cuando "hay una situación casi dramática, con gente que ha dejado de cobrar los 400 euros", pero defiende, y cree contar con el respaldo del resto de grupos, que los parlamentarios puedan cobrar el desempleo, porque "eso es lo que más nos asemeja a un trabajador corriente y moliente". Actualmente los parlamentarios vascos están dados de alta en la Seguridad Social mediante un convenio que les permite exclusivamente recibir asistencia sanitaria y cotizar.
La representante del PSE apunta además a la necesidad de establecer medidas ante ciertos casos habituales cuando se deja la actividad pública. "Un funcionario, la mejor situación posible para ir a la política porque conservas tu puesto, manda su carrera al garete al meterse en esto, ya no digo el que tiene un despacho de abogados o un médico. Al volver a su profesión se debe reciclar, tiene que formarse de nuevo".
Pero la ponencia no abordará únicamente la situación laboral de los parlamentarios, también entrará a analizar el estado de las cosas en diputaciones generales y ayuntamientos, instituciones sobre las que el Parlamento no contaba con información fidedigna hasta que se le remitió el informe del Gobierno Vasco. Los junteros, por ejemplo, no cotizan porque tampoco perciben un sueldo. Se supone que su actividad es a tiempo parcial y únicamente cobran dietas por asistencia a los plenos y las comisiones. Diputados forales y generales, en cambio, sí perciben sueldos y cotizan a la Seguridad Social.
En los ayuntamientos las condiciones laborales del concejal dependen del tipo de municipio del que se esté hablando. En el caso del Consistorio de Vitoria, los 27 representantes acordaron percibir un sueldo que les permite dedicarse a su trabajo a tiempo completo, un salario que varía en función de si asumen más o menos responsabilidades. "Es muy difícil que salga un Gürtel en esas circunstancias, porque hay 27 personas que están a eso. En otros sitios liberan a uno o dos y ya está", apunta Madrigal, quien sin embargo cree que esa profesionalización del concejal se debe dar en función de cómo estén las arcas del municipio, pues se puede dar el caso de que "entre el alcalde y el secretario absorban todo el Presupuesto de un ayuntamiento".
En todo caso, Madrigal considera que la mejor forma de garantizar la independencia de los políticos es que se les pague un sueldo adecuado. "La Democracia es cara, pero al final es barata. Es preferible pagar lo que haga falta que no esos sistemas en los que necesitas financiación, lobbies o ser millonario", apunta.
La ponencia que se reúne en febrero, aparcada durante muchos años, ha resurgido a raíz de sendas iniciativas de Aralar y de UPyD, formación que ha emprendido una batalla tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados por la equiparación de las cotizaciones de políticos y ciudadanos comunes, que deben trabajar durante 35 años -38,5 a partir de ahora- para cobrar la pensión máxima.
