murcia. La Junta Directiva del PP de la Región de Murcia pidió ayer la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad, Rafael González Tovar, a quien acusa de "dejación de funciones interesada" tras la agresión sufrida el sábado por la tarde por el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. El titular de Cultura de Murcia, que fue agredido, cuando salía de su casa, por tres personas que le golpearon en la cara con un puño americano, evolucionaba ayer favorablemente en el hospital Reina Sofía tras la intervención quirúrgica a que fue sometido como consecuencia de lesiones en hueso malar y suelo orbitario izquierdo.
Gobierno, partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales, universidades y colectivos culturales y sociales mostraron ayer su condena a esta agresión y pidieron el rápido esclarecimiento de los hechos y la detención de los autores.
Mientras, la Policía continúa su investigación para detener a los autores de la agresión, tres hombres de entre 25 y 30 años, sin que hasta ahora haya habido "novedades", según fuentes de la delegación del Gobierno. Cruz señaló ayer en el hospital a sus colaboradores que se sentía perseguido desde hacía un tiempo.
La dirección del PP murciano, reunida ayer con carácter extraordinario bajo la presidencia del titular del Gobierno regional y presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, emitió un comunicado en el que expresaba "su más enérgica repulsa y condena del repugnante y brutal atentado" contra Cruz, sobrino de la mujer de Luis Valcárcel.
Después de agradecer las muestras de solidaridad recibidas, el PP "recuerda" que "algunos de los que ahora condenan este repulsivo acontecimiento han puesto en la diana en los últimos días a representantes del Gobierno regional y del PP", en alusión a las críticas y movilizaciones suscitadas por los recortes aprobados por el Gobierno autónomo que afectan a los empleados públicos.
Tras considerar que "existe una espiral de actos violentos que no ha sido cortada", el PP solicitó la dimisión de González Tovar como máximo responsable de la seguridad en la Región por "hacer dejación de funciones interesada" y citó la manifestación del 22 de diciembre en la puerta del domicilio del presidente Valcárcel, donde no "garantizó su seguridad ni la de los miembros de su familia".