Madrid. El Gobierno, gracias de nuevo al apoyo del PNV y Coalición Canaria, sacó adelante ayer el último decreto ley de medidas económicas, que pretende, según la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, "dar un impulso al sector privado, que debe ser el responsable de protagonizar la recuperación económica". En su intervención ante el pleno del Congreso, Salgado dijo que rebajar la fiscalidad a las pymes o incentivar fiscalmente la inversión "permitirá dinamizar la actividad y mejorar la competitividad de la economía española".
Además, Salgado explicó que con estas iniciativas "se eliminan obstáculos y se reducen los costes para la creación de sociedades" y subrayó que "al Gobierno le corresponde facilitar el crecimiento de las empresas y el nacimiento de otras para generar puestos de trabajo".
También aseguró que este decreto, que incluye también una subida del tabaco para compensar el efecto de las rebajas fiscales, supone "un refuerzo del compromiso del Gobierno con la austeridad y la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Durante el debate, los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, se mostraron críticos con el decreto ley, incluso desde el PNV y CC, que a pesar de votar a favor de su convalidación, rechazaron algunas de esas medidas. Así, el diputado del PNV Pedro Azpiazu criticó que se haya incluido la supresión de la cuota cameral o la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos, ya que cree que "se están poniendo los bueyes delante del carro" y que habría sido mejor pactar el nuevo modelo de AENA antes que acordar la entrada de capital privado. Ana Oramas, de CC, basó su discurso en la reforma del sistema aeroportuario y pidió que el Ejecutivo no elimine la singularidad que caracteriza en este ámbito al archipiélago canario.
en contra Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, subrayó que lo que necesita España son "reformas estructurales y de fondo y no un elenco de medidas improvisadas y desordenadas, que no ofrecen confianza".
El diputado de CiU, Josep Sánchez Lliure se opuso a la forma de privatizar Aena, ya que "se seguirá manteniendo el monopolio del Gobierno central, frente al deseo del grupo catalán de la descentralización y de dar un papel más relevante a los gobiernos autonómicos en la gestión aeroportuaria".
Joan Ridao, portavoz de ERC, aseguró por su parte que el nuevo modelo supondrá una gestión central e ineficiente, "que dejará a El Prat como mero comparsa de Barajas".
Nuria Buenaventura, de ICV, afirmó que el contenido del decreto está dictado por los 37 empresarios que mantuvieron una reunión con el Gobierno en noviembre.
Finalmente el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, señaló que el decreto supone la desamortización del patrimonio público, mientras que Rosa Díez, de UPyD, criticó que el Gobierno cuele "de tapadillo" reformas importantes.
