vitoria. La Oficina de Atención a las Víctimas ha abierto huella en el difícil camino hacia el consenso sobre las consecuencias de la violencia de motivación política. Todas las formaciones vascas están dispuestas a trabajar en torno a un texto intencionadamente impreciso, con muchos huecos que rellenar, en aras precisamente a no cerrar la puerta a ninguna sensibilidad política.

Sin embargo, la larga pendiente que resta hacia el acuerdo final va a ser muy difícil de superar, pues hay un límite donde chocan las voluntades de unos y otros, la equiparación o no de quienes murieron o resultaron heridos a manos de los cuerpos de seguridad en controles de carreteras, manifestaciones o comisarías, con las víctimas del terrorismo.

Así quedó de manifiesto en la presentación, ayer en el Parlamento, del informe sobre víctimas de motivación política, que de inicio rechaza la equiparación de unos y otros para disgusto de EA y EB, y recelo de PNV y Aralar. Para el PP, sin embargo, esta distinción es imprescindible para sentarse a hablar, UPyD la aplaude y el PSE, impulsor del informe desde el Gobierno, ha sido su inspirador.

En todo caso, y aunque nacionalistas y constitucionalistas tampoco coinciden en la necesidad de presentar un listado previo de víctimas, o a la hora de fijar el alcance de la responsabilidad del Estado ante esta violencia, casi todos parecen querer cerrar este capítulo de la historia de Euskadi para empezar a mirar hacia adelante. En lo global, el texto motiva a los socialistas, como no puede ser de otra manera, a Aralar y a UPyD. PNV, PP, EB y EA son más remisos y esperan a ver cómo evoluciona un debate que se presenta inminente, pues la mayoría de los grupos coinciden en que la primera reunión para fijar objetivos ha de celebrarse antes de terminar el año.

Según el PNV, el informe es "manifiestamente mejorable", presenta "contradicciones" encaminadas a "conciliar opiniones", y yerra al eliminar el listado que incluyó el primer texto elaborado por Jon Landa para el Gobierno de Ibarretxe. Así lo afirmó Iñigo Iturrate, que sin embargo reconoce que el texto "abre el camino" al reclamar "verdad, justicia y reparación" para estas víctimas. "Con un informe de más calidad no fue posible avanzar, ahora se abren posibilidades, a eso nos tendremos que agarrar", concluyó.

El jeltzale reclamó además que las instituciones "visibilicen y desestigmaticen" a estas personas, pues a muchas se les ha relacionado con ETA por haber muerto a manos de los cuerpos policiales.

Desde el PSE, Jesús Loza rechazó "equiparar lo no equiparable" y defendió la "lucha contra la teoría del conflicto", pero aseguró que "por encima de las diferencias entre partidos tenemos que avanzar juntos", y se mostró convencido de que "las oportunidades de este informe son más importantes que sus riesgos".

El PP es uno de los grupos a los que más recelos despierta el informe. Según Carlos Urquijo, el hecho de señalar la connivencia del Estado en este tipo de vulneraciones hasta 1985 -a partir de ahí se le exime de responsabilidad- "es un exceso inadmisible que el PP quiere denunciar", pues "no somos deudores de los excesos de la dictadura". Urquijo rechaza además constituir una ponencia parlamentaria sobre el fenómeno, pero reconoce el valor de "negar el conflicto", de retirar el listado de Landa, que recoge "situaciones muy discutibles", y de no equiparar a estas víctimas con las de ETA.

punto de partida Desde Aralar, formación que promovió hace un año la elaboración del informe, Aintzane Ezenarro resaltó el "valor histórico" de su presentación, y aunque es contraria al "reconocimiento escalonado" que implica reparar a estas víctimas en último lugar, abogó por "acabar el recorrido una vez que ha empezado". Ezenarro reclamó que el listado de Landa sea "el punto de partida", rechazó la frontera abierta en 1985 y abogó por "reconocer el olvido y la impunidad, y acercarse a las víctimas en vez de abrir ventanillas para que vengan ellas".

El portavoz de EA, Juanjo Agirrezabala, fue de los más críticos con el trabajo del Gobierno Vasco, que "parece defender la calidad de la democracia española" y hace "una división inaceptable" entre las víctimas anteriores y posteriores a 1985, cuando la tortura "ha gozado de impunidad".

Desde EB, Mikel Arana aseguró que su formación "no romperá el consenso" si existe "un mínimo común denominador" entre los partidos", aunque criticó que no se equipare a todas las víctimas. Todo lo contrario defiende el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, quien afirmó que "la identificación" de unas y otras "puede dar por buena la teoría de las dos violencias".