madrid. El Tribunal Supremo (TS) denegó ayer las nuevas pruebas solicitadas por la defensa del juez Garzón en la causa sobre las supuestas escuchas ilegales a los principales imputados en el caso Gürtel. Así lo acordó el instructor de este procedimiento en el Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, quien destaca que, en el momento de acordar las escuchas (se intervinieron las conversaciones entre los imputados de Gürtel y sus abogados), el juez "no tenía dato incriminatorio alguno" contra los letrados de los presos.

De este modo, el Supremo rechaza, entre otras diligencias, la citación a declarar como testigo en la instrucción de la causa del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que es quien actualmente investiga la trama corrupta. Además, acuerda dejar en suspenso la causa hasta que las partes puedan disponer de las intervenciones, que se mantienen secretas por decisión del propio Pedreira. En el auto difundido ayer, Barreiro insiste en que las diligencias "no resultan imprescindibles ni determinantes a la hora de condicionar el acceso a la fase intermedia del proceso", y que por su parte "parece obvio que la investigación de los hechos se halla concluida en esta fase procesal de instrucción". Para el instructor de la causa, los tres hechos relevantes que han de ser objeto de la investigación son: si Garzón dictó efectivamente los autos cuestionados (en los que se autorizaron las escuchas); si cuando lo hizo tenía algún indicio incriminatorio contra los letrados afectados y si las resoluciones se ejecutaron en la práctica.

Para el instructor del Supremo, "se muestran transparentes los indicios en el sentido de que cuando el querellado dictó las dos resoluciones no tenía dato incriminatorio alguno contra los nuevos letrados de los presos que los implicara en la trama o en otros hechos delictivos", tal y como reconoció el propio Garzón en la declaración que prestó en el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.

El primero en interponer querella por estos hechos fue el ex fiscal Ignacio Peláez, que defiende al constructor José Luis Ulibarri, y más tarde se adhirieron los dos presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo.