MADRID. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sindicatos mayoritarios en ambos cuerpos, denunciaron ayer presuntos abusos a inmigrantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrado, así como reconocieron que las redadas indiscriminadas de identificación de inmigrantes "siguen activas", hechos que atribuyen a la falta de formación de los agentes en el ámbito de los Derechos Humanos.

Ambos sindicatos hicieron estas declaraciones en la presentación del último informe de Amnistía Internacional España, presentado ayer bajo el título "España: La formación en Derechos Humanos de las Fuerzas de Seguridad en el ámbito estatal sigue siendo marginal". El informe denuncia las carencias formativas en los cuerpos policiales y expone una serie de recomendaciones para que se produzcan mejoras en este ámbito, haciendo especial hincapié en los procesos de selección de los agentes.

En este acto, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, preguntado por presuntos abusos a detenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas y centros de internamiento a inmigrantes, se quejó de que los agentes "no son funcionarios de prisiones", y denunció que realizan trabajos "en circunstancias para las que no están cualificados, por lo que en consecuencia tienen lugar los abusos". Sánchez Fornet también reconoció que las redadas de identificación indiscriminadas contra inmigrantes "siguen activas", las cuales, a su juicio, "vulneran la Constitución y la legalidad". Así, mostró como ejemplo que en Castellón se realizan seis controles y se detienen a 30 personas todos los días. "No es el trabajo de los policías pero da rentabilidad estadística". AUGC, por su parte, a través de su representante en Madrid, Joaquín Cánovas, manifestó que en la Guardia Civil, los agentes están renunciando a hacer este tipo de identificaciones.

incomunicación, punto de fricción El máximo responsable del SUP, que ha suscrito el informe de Amnistía, insistió en que la formación de los agentes en este campo es "clave" para mejorar la calidad del servicio público. Pese a apuntar que el informe es "completo, exhaustivo y bien documentado", señaló que no comparte la visión de la ONG sobre el régimen de incomunicación que, a su juicio, es "necesario" para "mantener incomunicados a terroristas o a miembros de bandas de crimen organizado, hecho que no es incompatible con mantener sus derechos".