Las fotos de familia en la clase política, esas protocolarias imágenes que retratan a todos aquellos que han tomado parte en una cumbre, terminan por suscitar más interés que los discursos de los participantes, no sin cierta frustración por parte de los encargados de supervisar esos textos. Una instantánea de ese calibre, que puede ser denostada por anodina en un primer vistazo, acaba seduciendo a quien la contempla al reparar en la ausencia de uno de los políticos, en un gesto incómodo, o en la ubicación de los mandatarios. Esa última posibilidad la ofrece la imagen de los presidentes autonómicos del Día de la Constitución de 2009. Patxi López, recién llegado a Ajuria Enea tras su pacto con el PP, y pese a sus ausencias en casos clave como la gestión del Alakrana, figuraba en una posición preferencial, detrás de José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que se convertía en el principal símbolo de la jornada, estandarte a su vez del centralismo estatal. El lehendakari aportaba su grano de arena al asegurar que no merecía la pena reformar el Estatuto si la nueva norma iba a concitar un menor consenso.
Así oficializaba la muerte anunciada de un giro vasquista al que los partidos al margen del espectro constitucionalista habían concedido escasa credibilidad. Tras una precampaña apelando a la reforma estatutaria e insistiendo en la independencia del PSE con respecto a la dirección de Madrid, el partido en el Gobierno vasco emprendía una senda de la que sólo se habría desviado en las últimas jornadas, y particularmente la pasada semana, para salvar su imagen, recuperar protagonismo y sumarse al caballo ganador ante un posible pacto PNV-PSOE que traiga unas políticas activas de empleo no devaluadas.
Tras meses alineándose con las tesis más estatalistas, López accede ahora a revisar el importe del traspaso, abriendo la posibilidad de situarlo por encima de los 300 millones y de acercarlo a los 480 millones que exige el PNV con el Estatuto en la mano. Mientras tanto, Antonio Basagoiti pide audiencia en La Moncloa para abortar un eventual pacto entre Zapatero y los jeltzales, y para hacer prevalecer el papel de Lakua en una negociación.
En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, recordó ayer en Onda Cero que su partido no pide romper la caja única, sino dotar de contenido a la competencia. El juntero socialista en la Diputación de Gipuzkoa Julio Astudillo, por su parte, apretaba las tuercas a la formación de Sabin Etxea amagando con un giro de 180º en la postura del PSE de cara a la aprobación de los presupuestos en el ente foral. Una presión que corre el riesgo de caer en saco roto, puesto que las diputaciones y los ayuntamientos vascos no comparten las urgencias de Zapatero ya que, ante la disolución de las cámaras en marzo con motivo de las elecciones de 2011, los entes pueden afrontar sin cuentas los próximos meses.
La necesidad de aplicar recortes tampoco atenazaría a las instituciones, puesto que la austeridad ya figura en las cuentas de 2010. Los necesitados, por tanto, serían los ejecutivos vasco y español. Los jeltzales, además, entienden que los presupuestos forales y estatales forman parte de dos ámbitos "absolutamente diferenciados" y no susceptibles de alumbrar un pacto de estabilidad.
El ocaso de la promesa electoral
Un escenario de crítica socialista que no cabía esperar en 2009, cuando el PSE difundía en campaña sus 100 motivos para el cambio, entre los que figuraba -en sexta posición- la promesa de asumir la transferencia en cuestión. Una vez celebradas las elecciones y suscrita la entente constitucionalista, la reforma estatutaria fue descartada y sólo pudieron salvarse los muebles de los traspasos económicos -que tienen cabida en el discurso de Basagoiti-, con la inclusión del compromiso con las políticas activas en el acuerdo de bases suscrito en abril del pasado año.
Un mes después, el 19 de mayo, sin embargo, PSOE y PP sumaban fuerzas en el Congreso para bloquear una moción presentada por los jeltzales en la que se instaba al Gobierno español a que el traspaso se realizara atendiendo a las peculiaridades del Concierto Económico. Los abertzales adoptaban esa posición a medida que cobraban vuelo los rumores sobre una eventual transferencia mutilada con un lehendakari y un Gobierno español que ponían el acento en cargar contra los anteriores gabinetes de Gasteiz, acusados de frenar la transferencia al abrazar, a su juicio, posturas maximalistas.
A vueltas con las bonificaciones
Las sospechas del PNV no serían gratuitas, y así lo acreditan las históricas negativas del Ejecutivo de Madrid a permitir el aterrizaje de las políticas activas. El Gobierno de Ibarretxe ya participó entre 2003 y 2009 en más de una veintena de citas a tal efecto, pero sin éxito. El principal motivo esgrimido por la dirección estatal radica en desligar las bonificaciones concedidas a las empresas por la contratación arguyendo que invadirían competencias de la Seguridad Social, extremo que quebraría la caja única.
Los jeltzales, por el contrario, han recordado que el Tribunal Constitucional avala que las bonificaciones forman parte de las políticas activas, del fomento de empleo, por lo que no acarrearían ruptura alguna en el sistema. De hecho, el PNV ha dejado claro que las políticas pasivas -como los subsidios de desempleo-, que sí se encuadran en la Seguridad Social, no forman parte del traspaso. Uno de los más recientes episodios sobre ese desencuentro entre el gabinete de Zapatero y el tripartito remite a septiembre de 2008, cuando el socialista tentaba a la formación de Iñigo Urkullu para encarar las conversaciones sobre los presupuestos del Estado ofreciendo las transferencias en I+D+i, que finalmente llegó a suelo vasco, y políticas activas de empleo, cuya negociación no fructificó.
Pacto "a la baja" con Chaves
Dos días después del veto de PSOE y PP en mayo de 2009 a un traspaso no devaluado, el ministro de Política Territorial Manuel Chaves viajaba a Gasteiz y sellaba una cita de la que sólo pudo sacarse en claro que la competencia llegaría el 1 de enero de 2010. No se habló del cómo ni del cuánto. Más adelante se vería, además, que tampoco habían acertado en el cuándo.
La incógnita del importe se despejaría el 7 de septiembre, con una segunda cita entre Chaves y López. Lejos de plantarse ante el Ejecutivo español, el jefe del gabinete de Gasteiz pactó una transferencia cifrada en 300 millones, en consonancia con la visión de La Moncloa. Una reunión en la que eludió cualquier encontronazo con sus hermanos mayores, al obviar también la devolución a la Diputación de Araba de los 456 millones de euros en concepto de IVA por los vehículos importados. De hecho, los participantes recalcaron el valor de la cita "como gesto de normalidad y abandono de la política del todo o nada", descafeinando las reivindicaciones competenciales en un encuentro lastrado por las críticas que veían en él una nueva foto para López.
En este sentido, el lehendakari acudió necesitado de un golpe de efecto para escenificar liderazgo tras los embates de las encuestas. Un destino compartido por el consejero de Interior Rodolfo Ares, que sustituyó en la cita a la responsable de Empleo y Asuntos Sociales Gemma Zabaleta tras un verano en que su imagen había sido ligada a la guerra de carteles y a las férreas críticas por la "desproporcionada" intervención de agentes de la Ertzaintza en Gernika.
Zapatero pacta con el PNV
Cinco meses después, la realidad no se correspondía con los augurios del PSE. Con las negociaciones de las cuentas de 2010 en el horizonte, el PSOE buscaba nuevamente el apoyo de la formación de Sabin Etxea ante su soledad parlamentaria. En octubre, los jeltzales lograban arrancar el compromiso con tres precondiciones -sobre materias caracterizadas por la ausencia de López- que abrirían el diálogo, y que hacían referencia al blindaje del Concierto Económico, la devolución del IVA y la promesa de "informar puntualmente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de la evolución de las negociaciones entabladas entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para transferir a la Comunidad Autónoma de Euskadi los medios y servicios afectos a las políticas activas de empleo en cumplimiento de la competencia del artículo 12.2".
Mientras Zapatero dejaba en evidencia al socialismo vasco y ponía en solfa su peso específico en Madrid y su capacidad de zafarse de su imagen de delegación de Ferraz, el PSE afrontaba en su propio feudo otras cuestiones igualmente espinosas. Así, Pablo Angulo, uno de los altos cargos del área de Gemma Zabaleta, e involucrado en la transferencia, decidía dejar su puesto por incompatibilidades de criterio y actuación con el Departamento de Empleo.
Lanbide nace sin consenso
En noviembre, la misma Consejería volvía a situarse en el centro de las críticas al aprobar la herramienta que habría de gestionar la competencia desde el 1 de enero, su modelo de Inem vasco -Lanbide-Servicio Vasco de Empleo-, a través de un procedimiento legislativo sumarísimo al margen del proceso ordinario de consultas, audiencias y búsqueda de consensos. Pocos días después, el Ministerio de Trabajo portaba la noticia negativa definitiva para el Gobierno del PSE: la transferencia no llegaría en la fecha prevista.
Si el gabinete de López respondía cargando contra los jeltzales y acusándoles de vetar el traspaso, el Ejecutivo de Zapatero corrigió a Lakua negando que pactara con el PNV un retraso, al tiempo que admitía que, desde octubre, había intuido la imposibilidad de zanjar un complicado traspaso en tres meses. Así desacreditaba al lehendakari, que había arremetido duramente, y por primera vez, contra Madrid, al avisar a su partido matriz de que tendría "enfrente" a Ajuria Enea si decidía entorpecer el traspaso por un acuerdo con Sabin Etxea.
La sombra de las movilizaciones
Descartada la fecha de llegada, el Gobierno vasco desmanteló la reunión de la Comisión Mixta prevista para diciembre de 2009. En palabras de Idoia Mendia, porque ya no tendría "mucho sentido". Al mal trago de recular, además, se sumó la crítica. Si los trabajadores vascos son los principales afectados por el devenir del traspaso -a finales de 2009, el nivel de paro en el Estado alcanzaba el 19%, frente al 11% de la CAV-, la clase sindical tomaba el relevo a la política para exteriorizar su preocupación. Así, el secretario de UGT de Euskadi, Dámaso Casado, llamaba a pisar el acelerador ante un retraso "sin justificación", al tiempo que no descartaba recurrir a movilizaciones si no se avanzaba al respecto.
PSOE y PSE reculan
El PNV, por su parte, confió en que las políticas activas llegaran antes de septiembre de este año, momento en que caducaba el compromiso de informar adoptado por el PSOE, ante la perspectiva de que ambos gobiernos optaran por apurar los plazos de cara a negociar un traspaso devaluado. El gabinete de López pasó entonces de asegurar que trabajaba a un ritmo "frenético", a prometer una "mejor" negociación. Madrid volvía a poner el broche final al anunciar en febrero que la transferencia habría de esperar hasta finales de este año. Los jeltzales censuraron no haber recibido ningún documento informativo.
A pesar de que el pacto con los abertzales haya expirado, Zapatero se ha topado con otra necesidad de acuerdos: la de los presupuestos. Con la amenaza del adelanto electoral planeando sobre su partido, ha roto con treinta años de negativas por parte de Madrid y ha aceptado entrar a negociar la cifra de los 480 millones con los jeltzales, que han avisado al mandatario de que no hablarán de las cuentas si no llega una transferencia no devaluada. La disyuntiva del PSOE pasaría por justificar ante sus filas y la opinión pública un traspaso largamente vendido -incluso por el propio socialismo- como una intromisión en la unidad de la Seguridad Social.
Gasteiz, ante la eventualidad de un nuevo desplante del PSOE en forma de pacto con el PNV, ha optado por abandonar su enroque y por acceder a explorar las vías que, sin romper la caja única, permitan superar los 300 millones. A pesar del cambio, su portavoz parlamentario José Antonio Pastor optó por arrimar el ascua a la sardina del PSE y ver el viraje en el ojo ajeno al aplaudir que el PNV "rectifique y ayude en el traspaso".