vitoria. El último compañero de ETA en un proceso de paz, el PSOE, y también el potencial interlocutor que decía buscar para otro nuevo proceso, el PP, han reclamado a la organización armada en numerosas ocasiones la entrega de las armas. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía en julio de 2009, un mes antes de que la banda datara el informe interno al que ha tenido acceso DNA, que el único proceso posible sería, precisamente, esa entrega de armas. Ese llamamiento cayó en saco roto. Según el documento de la organización armada datado en agosto del año pasado, ésta no tenía intención de realizar esa entrega. Y tampoco de pedir perdón por sus acciones ni, mucho menos, desaparecer. La renuncia a la violencia tampoco parecía contarse entre sus planes de futuro, a juzgar por lo redactado entonces, aunque ha pasado un año y algunos de los miembros más duros de la organización han sido detenidos por las policías española y francesa.
En el escrito, ETA era tajante. Y presentaba un planteamiento totalmente opuesto al que en las últimas semanas ha impregnado de optimismo a algunas voces de la política vasca, que apuntan a la posibilidad de que la organización armada esté considerando decretar una tregua verificable. Muy al contrario, hace un año aseguraba que no iba a desmilitarizarse porque no estaba militarizada -proponía otros términos, uno de ellos el empleado en el proceso irlandés, fin de la contienda militar, para definir la conclusión de su violencia- y, al mismo tiempo, expresaba su negativa a la entrega de armas que se le ha requerido desde todos los sectores políticos en Euskadi y en el Estado con un contundente: "ETA no dará nunca las armas al enemigo, ni las romperá, las guardará". Los rumores sobre una posible renuncia a la violencia previa a cualquier negociación política que circulan en los últimos meses se hubieran encontrado en agosto de 2009, según el documento, con el muro de la negativa de ETA. En ese informe, la organización armada consideraba la lucha armada "como activo para condicionar la práctica del enemigo y la tendencia a desviar el proceso". Una tesis parecida a la de la dirección de Txeroki cuando ordenó el atentado de la T-4 de Barajas en un momento de estancamiento en el último y malogrado proceso de paz. Más aún. ETA preveía dentro de la estrategia preparatoria de un nuevo proceso de paz el uso de la violencia, proponiendo "acciones que sean lo más duras posibles (las de muertos) y buscando imágenes internacionales (grandes sabotajes). Además, apuntaba que en ese momento ya debatía sobre acciones concretas en el ámbito internacional y que había que "atacar" a los empresarios, aunque esa referencia parece más encaminada a la extorsión que a un posible atentado. La organización armada también rechazaba su posible desaparición. Y anunciaba su integración como organización política dentro de la izquierda abertzale tradicional "hasta que otro tipo de situación y debates digan lo contrario". También se negaba a pedir perdón por sus acciones, asegurando que "sólo hará un reconocimiento de las víctimas civiles derivadas por su lucha". ETA añadía en su documento que reclamaría al Estado "el reconocimiento de las víctimas creadas por él y el uso de las formas violentas (tortura, cárcel, GAL...)" y señalaba que el "resarcimiento moral y político de la lucha de Euskal Herria vendrá en el Marco Democrático". Éstas eran sus posiciones en agosto de 2009, a apenas un mes de su último atentado mortal. Un planteamiento mucho más duro que el que se dibuja en las últimas semanas y que, además, venía acompañado por algunas condiciones que planteaba ante un nuevo proceso negociador.
La letra pequeña del proyecto para iniciar esas conversaciones recogía en agosto de 2009 varios requisitos. La organización armada no estaba dispuesta a que ninguno de los que habían sido los interlocutores del Gobierno español en el último proceso repitiera funciones en una nueva negociación: "ETA no acepta a los representantes del último intento". Y dejaba claro que "no podrán ser policías o jefes de policía". La condición que debían reunir, a juicio de la organización armada, esos interlocutores era tener autonomía y autoridad: "Aunque no es una sustitución del Estado, deben garantizar que tienen al Estado detrás y que es la interlocución de la fuerza hegemónica para mover al Estado".
ETA también definía la delegación que representara a la izquierda abertzale tradicional en el proceso: un grupo de 5 ó 6 personas pertenecientes al MLNV que "se formará en el principio de lealtad política con la Organización -ETA-".
