Vitoria. Negociaciones maratonianas durante el fin de semana con sus compañeros de tribunal, ocho menciones a la "indisoluble unidad de la nación española" como guiño hacia el sector conservador y hacia el renuente Manuel Aragón, y la propuesta de voto bloque por bloque. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha desplegado la artillería pesada en las últimas jornadas de cara a ultimar ayer la esperada sentencia sobre los recursos contra el Estatut de Catalunya, en vigor desde hace cuatro años tras su ratificación en el Congreso y a través de referéndum a la ciudadanía catalana. Mientras los partidos miraban de reojo al tribunal, el fallo llegaba finalmente en torno a las siete de la tarde, pero sin que se diera a conocer la sentencia, que podría publicarse a finales de esta semana o a la siguiente. Lo que sí pudo saberse fue que el pleno llevó a cabo una votación por bloques: el preámbulo, con el discutido concepto de nación -aprobado por 6 votos a 4-, artículos inconstitucionales -por 8 a 2-, artículos constitucionales -6 a 4- y artículos sometidos a interpretación -6 a 4-.
Si bien en principio se estimaba que el tribunal haría público únicamente el fallo, circunscribiéndose a la lista de artículos que contuvieran total o parcialmente tachas de inconstitucionalidad, así como a los reinterpretados, ayer pudo trascender también la identidad de los jueces discrepantes. En este sentido, los cuatro jueces que redactarán votos particulares son Ramón Rodríguez arribas, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado, adscritos a la corriente conservadora. Por otra parte, en las votaciones por bloques, han bailado los nombres de los jueces que han apoyado o rechazado los distintos artículos.
La presidenta, por su parte, recabó los apoyos del conservador Guillermo Jiménez y de los progresistas Manuel Aragón -enrocado, no obstante, con el término nación-, Elisa Pérez Vera -autora de las cinco primeras ponencias, tumbadas por los conservadores-, Eugeni Gay y Pascual Sala. El tribunal notificó ayer mismo el fallo a las partes personadas -con las acusaciones del PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas-.
El tribunal encaró ayer el debate de la séptima ponencia, elaborada por la propia presidenta, con un borrador que preveía la declaración de inconstitucionalidad de 14 de los preceptos, y el sometimiento a interpretación de otros 24. Finalmente, según pudo conocerse en el transcurso de la tarde, los artículos declarados inconstitucionales habrían ascendido a 15, mientras otro bloque situado en torno a los 30 ó 35 preceptos tendrán una redacción interpretativa. Dentro de este grupo se encontrarían asuntos como el bloque referido al català.
La tarde de ayer, sin embargo, dio lugar a todo tipo de especulaciones al respecto. Mientras se preveía mantener el concepto de nación y el principio del català como lengua vehicular, las predicciones situaban al capítulo sobre el Consejo Judicial del Poder Catalán en el centro de las modificaciones. Tras la breve reunión de veinte minutos de la mañana, Casas habría recogido el sentir de sus compañeros para reelaborar su propuesta y para concitar el apoyo de Manuel Aragón y Guillermo Jiménez, dos magistrados en duda, de cara a la cita de la tarde, celebrada entre las 17.00 y las 19.00 horas.
Si bien el término nación ha pasado el filtro, sólo habría conseguido salvar los muebles parcialmente, teniendo en cuenta que su ubicación en el preámbulo lo convierte en no vinculante, y que la otra cara de la moneda llega de la mano de las ocho menciones a la "indisoluble unidad de la nación española".
El Govern de la Generalitat y CiU, por su parte, reforzaron ayer sus contactos al objeto de preparar su reacción ante una eventual sentencia del Estatut. Así, el president José Montilla dejó su agenda libre de todo tipo de actos, al margen de las reuniones con sus asesores. Formaciones como ERC mantuvieron a la casi totalidad de su Ejecutiva en la sede central del partido en Barcelona.
CITA DE URGENCIA Las declaraciones de representantes políticos, tanto a nivel catalán como estatal, aumentaron en progresión geométrica a medida que resonaban con mayor fuerza los rumores sobre un fallo. En este sentido, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero señaló ayer ante la Ejecutiva Federal del PSOE que el análisis de la norma por parte de las instancias judiciales es un proceso "normal", al tiempo que apostó por aplicar con "total normalidad democrática" la sentencia y por aceptar su método de votación.
La secretaria de Organización de su partido, Leire Pajín, también tomó la palabra para proclamar que los socialistas se sienten "absolutamente identificados" con el texto. Su compañero de filas y presidente del Congreso José Bono se ciñó más al protocolo al subrayar que todos los fallos deben cumplirse, "gusten o no gusten". Por parte del PP, su secretaria general María Dolores de Cospedal consideró que la votación por artículos "no es la forma más fácil de tener una sentencia coherente".
Por parte de los partidos catalanes, que reclamaron que el fallo no se produjera antes de las elecciones, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, recalcaba que, mientras su partido -que se reunió de urgencia ayer para evaluar la "gravísima" situación- ha acatado las sentencias, el Gobierno no lo habría hecho en algunos casos y habría optado por incumplir algunas competencias. "Eso se lo ha pasado siempre por donde le ha dado la gana", insistió. En cuanto a ERC, su portavoz Ignasi Llorente afirmó que la sentencia sobre el Estatut "la dará la gente en las urnas" y en un eventual referéndum sobre la independencia de cara a la próxima legislatura. >dna/agencias
