MADRID. Fuentes del TC señalaron a Europa Press que la resolución sobre la competencia no será notificada previsiblemente hasta mañana, cuando está previsto que también se solvente el segundo recurso de súplica interpuesto por el Govern, relativo al reintegro en las deliberaciones del magistrado del 'sector progresista' de este órgano Pablo Pérez-Tremps.
El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional podría acordar mañana no tramitarlo, pues lo contrario obligaría a dar traslado a todas las partes personadas en el procedimiento y dilatar así en varios días el trámite para una resolución que, previsiblemente, también será denegatoria.
La Generalitat solicitaba reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.
COMPETENCIA
En la sesión de hoy - en la que sí estuvo presente el magistrado Pascual Sala, que ayer se ausentó por motivos de salud- el tribunal redactó el rechazo del recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente para estudiar el Estatut pese a que un tercio de sus magistrados, entre los que se incluye su presidenta, María Emilia Casas, estén pendientes de renovación desde diciembre de 2007.
La deliberación sobre este recurso se ha producido tras concluir el plazo a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes.
Una vez queden solventadas ambos incidentes procesales, el Tribunal Constitucional tendrá vía libre para entrar a debatir la ponencia elaborada por Casas para poder dictar sentencia.
Según fuentes del órgano constitucional, este borrador asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera -que fue rechazada por seis votos frente a cuatro- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
