VITORIA. El Defensor del Pueblo de Euskadi-Ararteko, Iñigo Lamarca, planteará en los próximos meses propuestas "concretas" para mejorar las garantías para la prevención de la tortura y los malos tratos policiales.
Las medidas se propondrán en el ámbito de una reflexión general tras la designación del Defensor del Pueblo español como mecanismo estatal de prevención en este campo.
El Ararteko dio a conocerse esta decisión en el pleno del Parlamento vasco en el que presentó su informe anual correspondiente a 2009, que previamente ya había dado a conocer a los medios de comunicación y que también había sido presentado en comisión parlamentaria. El texto indica que el pasado año, esta institución recibió un total de 1.917 quejas.
En su intervención de hoy, el Ararteko manifestó que la institución que dirige está "constatando que las dependencias de algunas policías municipales están implantando sistemas de videograbación". Aunque reconoció que esta medida es "satisfactoria", precisó que las policías locales "deberán aportar las medidas garantistas" que ya se han implantado en la Ertzaintza.
Estas medidas, según explicó, consisten en que la persona responsable de las grabaciones sea independiente respecto a las unidades que llevan a cabo las detenciones y la custodia de las personas detenidas.
Además, ha de garantizarse la conservación de las grabaciones durante un plazo equivalente al límite máximo de prescripción de posibles responsailidades administrativas o penales. Otra garantía es que se lleve un registro en el que quede constancia documentada de las grabaciones.
Lamarca recordó la decisión adoptada este año para designar al Defensor del Pueblo español como mecanismo nacional de prevención, así como la firma por parte de España del Protocolo facultativo sobre la prevención de la tortura y los malos tratos de Naciones Unidas.
En este sentido, manifestó que "más allá de las funciones que el Ararteko pueda asumir al amparo del convenio de colaboración que pueda suscribir con la Defensoría de España, es obvio que la implantación del protocolo citado interpela a todos los organismos" que desempeñan algún cometido en esta materia. Por eso, anunció que en los próximos meses elaborará una reflexión general con propuestas concretas para mejorar el sistema de garantías vigente actualmente.
