madrid.El Tribunal de Cuentas ha pedido una regulación específica del uso de medios de transporte oficiales en las campañas electorales por parte de autoridades públicas pues considera que esa normativa ayudaría a "despejar incertidumbres" como la que se generó en las elecciones europeas de 2009 por la utilización del avión militar Falcon a disposición de Presidencia del Gobierno para que Zapatero acudiera a mítines del PSOE. En esa campaña, el PP denunció y polemizó sobre el uso del avión oficial de Zapatero.

Así se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de los partidos políticos en la campaña electoral de las europeas de hace un año, que acaba de ser remitido al Parlamento.

Según recuerda la entidad fiscalizadora, en cada proceso electoral se fija un límite máximo de gastos electorales que, para los comicios europeos de junio de 2009, fue el resultado de multiplicar por 0,19 euros el número de habitantes correspondientes a la población de derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado que se efectúe la difusión de las papeletas.

A efectos de la comprobación del cumplimiento de ese límite máximo global de gastos, el Tribunal de Cuentas computa los gastos declarados por la formación política, siempre que se acomoden a los conceptos incluidos en la legislación electoral, con independencia de que los considere o no suficientemente justificados. Asimismo, se computarán aquellos gastos que no hayan sido declarados y que el Tribunal estime gastos electorales como consecuencia de las comprobaciones efectuadas.

Ahora bien, en cuanto al uso de medios públicos usados por razones de seguridad para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, la Ley Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, "sin que esté regulado el sistema de imputación de estos otros costes a las campañas electorales, y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral", relata el Tribunal.

En el caso del Falcon, no hay constancia pues el PSOE no declara esos gastos al considerar que se trata del uso de recursos públicos en razón del cargo que se ostenta, máxime cuando se habla del presidente del Gobierno de la nación.

Por ello, y para "despejar posibles incertidumbres que se pudieran suscitar desde la perspectiva del control sobre este tipo de costes", el Tribunal de Cuentas recomienda establecer una regulación específica de esa utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales.