tras nueve años encerrado en una celda, las esperanzas de Ahmad Sabah de regresar con su familia se han hecho añicos, tras convertirse en el primer palestino de Cisjordania deportado a Gaza con la nueva normativa israelí.
El pasado miércoles, Sabah obtuvo su libertad pero fue trasladado directamente a la franja palestina, pese a que antes de ser encarcelado residía con su familia en el pueblo de Thenaba, cerca de Tulkaren (norte de Cisjordania).
Esta deportación supone la primera aplicación de la nueva ordenanza militar israelí que entró en vigor la pasada semana y que permite la expulsión de Cisjordania de cualquier "infiltrado", definiendo como tal a una persona que haya entrado ilegalmente en el territorio o que no tenga un "permiso de residencia válido", que claro está, es emitido por Israel.
Sabah se instaló en Gaza en 1994, un año después de la firma de los acuerdos de paz de Oslo, para trabajar para la recién creada Autoridad Nacional Palestina (ANP), que en un principio se estableció en la franja y Jericó y dos años más tarde extendió su control a otras ocho ciudades palestinas.
En 1996, según narra, se mudó a una localidad cercana a Tulkaren, donde continuó trabajando para la ANP y residió hasta que fue detenido en 2001, durante la segunda Intifada, acusado de "presentar resistencia al Ejército israelí".
"Vivía con mi mujer y mis hijos en el pueblo de Thenaba y todo este tiempo he soñado con volver allí tras ser liberado", explica Sabah, que añade que se quedó sin palabras cuando las autoridades de la prisión le comunicaron que se había perdido su carné de identidad (documento que refleja el lugar de residencia).
"Los israelíes me dieron a elegir entre quedarme en la cárcel por un periodo indeterminado o ser puesto en libertad en Gaza" asegura el ex recluso a su llegada a la franja costera palestina. Tras casi una década de espera, la familia de Sabah acudió el miércoles a un puesto de control militar para recibirle a su salida de la cárcel, pero volvió a su hogar sin él para descubrir más tarde que había sido expulsado a Gaza.
en una tienda de campaña Por el momento, se ha instalado en una tienda de campaña que ha levantado en el norte de Gaza, cerca de la ciudad de Beit Hanun y de la frontera con Israel, donde asegura que se quedará hasta que le permitan regresar junto a su mujer e hijos. "Utilizaré todos los medios legales para regresar con mi familia", dice Sabah, decidido a luchar por reencontrarse con su familia. Según él, hay muchos prisioneros palestinos en las cárceles israelíes que se encuentran en su misma situación y corren el riesgo de ser deportados a Gaza sin tan siquiera poder despedirse de sus familiares y amigos.
La franja está sometida a un férreo bloqueo israelí y sus ciudadanos no pueden salir de allí excepto en casos excepcionales, como en el caso de los trabajadores de organizaciones internacionales o de emergencias médicas.
Sabah opina que los palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania "se enfrentan a la deportación en cualquier momento", y pide a la ANP de Mahmud Abbas y al movimiento islamista Hamás, que encabeza Ismail Haniye y gobierna de facto en Gaza, que "unan sus fuerzas para luchar contra la normativa militar israelí de expulsión". La nueva ordenanza ha sido duramente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por entender que abre la puerta a deportaciones masivas e impone duras penas de prisión (de hasta siete años de cárcel) a quienes residan en Cisjordania sin un permiso israelí que hasta ahora no era necesario.
Desde 1967, según argumentan las ONG establecidas en la zona, miles de palestinos se han mudado de Gaza a Cisjordania sin que en ningún momento nadie les haya pedido solicitar un permiso especial para ello.
Las autoridades palestinas han denunciado que en las últimas semanas el Ejército israelí ha levantado docenas de puestos de control en Cisjordania para detectar a los que considera como residentes ilegales.
El jefe del Gobierno de Hamás en Gaza afirmó esta semana que "la franja de Gaza y Cisjordania son una unidad geográfica palestina" y llamó a los ciudadanos a "rebelarse y hacer frente a la orden israelí".
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) denunció la semana pasada que la expulsión de palestinos de Cisjordania supone una violación del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohibe la transferencia forzosa de población en territorio ocupado.
Las nuevas ordenes, denuncia esta ONG, "forman parte de la política de ocupación, apartheid, colonización y desplazamiento forzoso de la población palestina que Israel ha llevado a cabo en los últimos años".
