MADRID. El ex presidente del Govern balear Jaume Matas abonó ayer mediante dos transferencias bancarias (cada una de 1,5 millones) los tres millones de euros de fianza que le permiten eludir la prisión provisional por los doce delitos que le atribuye el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena. Se da la circunstancia de que una de las dos transferencias provenía del Banco de Valencia (la otra es de Caja Arquitectos), entidad dirigida por José Luis Olivas, quien fuera el tercer presidente de la Generalitat Valenciana de la etapa autonómica y el único que no fue elegido tras elecciones autonómicas. Fue el sucesor de Eduardo Zaplana cuando éste fue nombrado ministro y estuvo al cargo del Gobierno regional desde el 24 de julio de 2002 hasta las elecciones del 25 de mayo de 2003, tras las que le tomó el relevo Francisco Camps.

Pero en esta operación se da otra causa para la polémica y es que el ex mandatario balear (sobre el que pesan acusaciones de hasta 64 años de cárcel por haberse enriquecido ilícitamente gracias a su cargo político), habría conseguido el dinero para librarse de la cárcel poniendo como aval el patrimonio por el que se le investiga (un palacete en el centro histórico de Palma y un piso en Madrid). Esta sospecha la avala el propio Banco de Valencia, que ayer, a través de un comunicado, confirmaba que había concedido a Matas un "crédito puente" tanto por su "antigüedad como cliente", como, "sobre todo, por las garantías reales y personales que se le han ofrecido". Añadía, además, que se trata de una "operación habitual" en el negocio bancario.

Asimismo, remarcaba que la operación financiera se ha realizado "a estricto precio de mercado", y la enmarcada en una "operación puente, que hace previsible su cancelación en un corto plazo de tiempo". El testimonio del propio abogado de Matas, Rafael Perera, alimentaba también esas sospechas. El letrado explicaba en un comunicado que el pago de la fianza se ha materializado "en base a garantías aportadas por Jaume Matas y por terceras personas". Además, el letrado transmitía el "agradecimiento" de su cliente "a las personas que le han prestado su ayuda en estos momentos".

Estas sospechas han desatado las críticas de los rivales políticos del PP. La secretaria de Organización del PSIB-PSOE, Rosamaria Alberdi, afirmó que era "previsible" que el ex ministro de Medio Ambiente abonara la fianza y destacaba que la ha obtenido gracias a que "un banco ha confiado en que hay garantías suficientes" con los bienes presentados por Matas, aunque añadió que "llama la atención" que seguramente esos bienes son precisamente los investigados por el juez.

"Lo que preocupa realmente -aseguró acto seguido- es que un ex presidente de esta comunidad autónoma por dos veces, un ex ministro del Gobierno y presidente del PP de Baleares esté imputado por los gravísimos delitos que pesan sobre el señor Matas". Según Alberdi, Matas es el "mascarón de proa" y detrás de él "ha habido una manera de gestionar el dinero público y la confianza de la ciudadanía que avergüenza a todo el mundo y que ha ocasionado gravísimos perjuicios económicos al conjunto de la población balear". Por su parte el senador autonómico por Baleares, Pere Sampol, reclamó al ex presidente de Baleares Jaume Matas que explique "qué garantías existen para justificar" los avales obtenidos para abonar la fianza. Para Sampol "el hecho de que un funcionario haya podido reunir ese volumen de bienes y recursos es un indicio muy llamativo" de las posibles irregularidades del ex presidente.