MADRID. Según un informe hecho público el martes por Naciones Unidas, dos ONG españolas vinculadas a movimientos religiosos, la mallorquina Fundació L"Olivar y la catalana Inshuti-Amigos del Pueblo de Ruanda, habrían financiado a la milicia hutu del Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR) a través de las subvenciones obtenidas de las diferentes administraciones españolas, posibilitando así la continuidad del conflicto armado en la vecina República Democrática del Congo donde opera esta milicia. Así al menos lo mantiene el trabajo realizado por los observadores de Naciones Unidas que ha llegado al Consejo de Seguridad para ser estudiado, y que asegura que ambas fundaciones han dado durante años "apoyo financiero, logístico y político" a la guerrilla hutu acusada de múltiples crímenes de guerra y contra la humanidad. Entre ellos, las acusaciones del Tribunal Penal Internacional, citan asesinatos contra la población civil, violaciones en masa y reclutamiento de niños-soldado.
El informe, elaborado por un grupo de expertos de la República Democrática de Congo, nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sostiene que la supuesta financiación del FDLR la llevaron a cabo dos personas en concreto: Joan Casòliva, presidente de la organización Inshuti-Amigos del Pueblo de Ruanda, registrada en Barcelona, y Joan Carrero, presidente de la Fundación L"Olivar, una organización cristiana registrada en Palma de Mallorca y principal impulsora de la querella en la Audiencia Nacional contra cerca de 40 funcionarios del actual régimen ruandés. Los redactores basan sus afirmaciones en testimonios, correspondencia electrónica, conversaciones telefónicas grabadas, análisis de registros de llamadas y recibos de transferencias de dinero, aunque el informe no especifica qué cantidades de dinero se cree que han podido ser transferidas.
Los acusados por su parte tachan las conclusiones de este trabajo de "ridículas" y acusan a la ONU de "tomar represalias" contra ellos precisamente por la querella interpuesta ante el juez Fernando Andreu. La tesis es que el actual régimen ruandés, de etnia tutsi, está siendo apoyado por la ONU, Estados Unidos y el Reino Unido y los trabajos de cooperación y ayuda humanitaria que se llevan a cabo en región hutu están bajo sospecha. La prueba, según Casòliva, está en que sus supuestos interlocutores con la milicia del FDLR, Maestro y Odette, no son guerrilleros. "Esas dos personas ni siquiera son gentes del FDLR", sentenciaba el cooperante catalán.
