PARÍS. "No tengo nada que decir", fue la contestación que dio el que fuera jefe del aparato militar de ETA, Juan Ibon Fernández Iradi, "Susper", a la pregunta del presidente del tribunal, Didier Wacogne, sobre por qué en el ordenador que se le requisó al ser arrestado en diciembre de 2003 en Mont de Marsan, suroeste de Francia, había un fichero con empresarios chantajeados para que pagaran el llamado "impuesto revolucionario".
Tampoco accedió a la demanda del fiscal, Olivier Bray, sobre el grado de imbricación de la estructura "Gezi" del aparato político encargado del cobro del "impuesto revolucionario", con el aparato militar, encargado de ejecutar las acciones de presión (secuestros o atentados) contra los empresarios refractarios que no pagaban a la banda.
La misma negativa a responder salió de la boca de los otros inculpados, a excepción de Garazi Aldana, la única que comparece libre en este proceso, bajo control judicial.
Aldana, en todo caso, fue evasiva y dijo no saber la cantidad que le entregaba la organización armada -"no me acuerdo de cuánto recibía"- ni quién de los miembros de su estructura le pasaba el dinero.
Una cuestión que se planteó después de que Wacogne se hubiera referido a un documento requisado en 2004, según el cual para 2003 la banda había asignado a sus activistas 1.500 euros de sueldo mensual, a lo que se añadía 300 euros para hacer frente a una necesidad de seguridad si quedaban aislados.
El juez también leyó otros elementos de la instrucción que sirven de contexto para definir la acusación de tentativa de extorsión de fondos para los siete que se sientan en el banquillo, como el procedimiento de envío de tres cartas sucesivas de reclamación del dinero a los empresarios chantajeados, en caso de que no abonaran el "impuesto revolucionario".
La tercera era la "carta de amenazas", con la que se abría paso a los secuestros "exprés" o a atentados contra los extorsionados, sus familias o sus bienes.
Wacogne señaló que "las presiones son reales e importantes", y para ilustrarlo se refirió al caso de una empresa de transportes a la que ETA había reclamado 48.000 euros con una de esas cartas que se ha encontrado, y cuyos camiones sufrieron un ataque con una bomba colocada en un aparcamiento el 12 de octubre de 2003 en Irun.
