a segunda declaración del estado de alarma decretado ayer por el Gobierno español -de naturaleza, tanto en fondo como en forma, muy distinta al que tuvo lugar en marzo con el confinamiento generalizado de la población- es el paraguas que da cobertura y, por tanto, garantía legal a las medidas y restricciones imprescindibles para frenar la extensión de la pandemia de covid-19 que sigue estando tanto en Euskadi y Nafarroa como en otras muchas comunidades en cifras que amenazan con ser insostenibles. Las tres grandes disposiciones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros -esto es, el cierre de la actividad nocturna con prohibición de circular por la calle al menos entre las 23.00 y las 6.00 horas salvo causa de fuerza mayor, la posibilidad de que las autonomías limiten las reuniones a un máximo de seis personas y el posible cierre territorial de las comunidades- constituyen el núcleo del paquete de medidas ya acordado en Euskadi y parcialmente tumbado por el TSJPV. Son, por tanto, limitaciones que se antojan imprescindibles para frenar los contagios y que la disparidad de criterios de los tribunales obligaba, tal y como pidió el lehendakari, Iñigo Urkullu, a declarar el estado de alarma. Con buen criterio, estas normas estarán establecidas y gestionadas en Euskadi por el Gobierno Vasco bajo la autoridad del lehendakari, que decidirá si adelanta o atrasa el horario del cese de la actividad nocturna así como si cierra la muga con otras comunidades o la clausura perimetral de municipios o barrios, siempre en función de la evolución de la pandemia. Tras los errores y conflictos en la gestión del anterior estado de alarma, Sánchez ha hecho ahora una lectura inteligente y acorde a la situación y a la realidad de un Estado autonómico estableciendo un marco general abierto a la toma de decisiones en función de las competencias propias del autogobierno. Ahora, con la garantía jurídica asentada, el Gobierno Vasco debe articular y poner en marcha las medidas adecuadas para lograr el objetivo marcado de doblegar al virus. Por su parte, la ciudadanía debe -pese a lo duro y doloroso de las restricciones que se establezcan- asumir también su responsabilidad, actuando con precaución y con respeto estricto a las nuevas normas, que pretenden evitar a toda costa un nuevo y perjudicial confinamiento general. Está, de nuevo, en la mano de todos y todas.